La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resaltó este jueves el deber de Venezuela de prevenir situaciones de inseguridad en sus cárceles, luego de que casi medio centenar de reclusos falleciera por intoxicación a fines de noviembre.
Venezuela «debe tomar todas las medidas necesarias para prevenir situaciones de riesgo que, como la presente, amenacen gravemente los derechos fundamentales de los detenidos», señaló la CIDH en un comunicado.
La salvaguarda de la integridad y la vida de los presos es un «deber jurídico ineludible» de las autoridades venezolanas, dijo la Comisión, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La CIDH expresó su «profunda preocupación» por las muertes por intoxicación, ocurridas en el penal de Uribana en el estado Lara (norte), y llamó al gobierno a adoptar medidas para evitar que se repitan.
Este es el segundo incidente grave que se registra en Urbina en los últimos años luego de que en enero de 2013 murieran 58 reclusos en una reyerta para hacerse con el control del penal, con capacidad para 850 reclusos pero que alberga actualmente a unos 3.700.
En un informe difundido a fines de noviembre, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas denunció la «tragedia» del sistema penitenciario venezolano, plagado de cárceles hacinadas y violentas donde las armas «circulan casi libremente».
En el primer semestre de 2014, la población carcelaria sumó 55.007 personas, contra una capacidad instalada de 19.000. En ese lapso murieron 150 reclusos en distintos episodios de violencia -como reyertas o motines- en varios centros, según la organización civil Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
