El Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles una ley que impone sanciones contra funcionarios venezolanos acusados de violaciones de derechos humanos contra manifestantes opositores durante las protestas ocurridas entre febrero y mayo de este año.
La Cámara de Representantes adoptó de manera unánime esta iniciativa, ya aprobada el lunes por el Senado, que prohíbe la entrada a Estados Unidos de los presuntos responsables de represión y bloquea sus eventuales bienes en suelo estadounidense.
La votación envía a los venezolanos una «fuerte señal» de que «el Congreso estadounidense escucha, ve y siente su sufrimiento», dijo la congresista Ileana Ros-Lehtinen, que presentó el proyecto en la cámara baja.
El presidente Barack Obama debe ahora firmar la iniciativa para que se convierta en ley, pero la Casa Blanca no se opondría a nuevas sanciones contra Venezuela, dijo esta semana un portavoz del gobierno.
El texto se dirige a funcionarios señalados de dirigir o asistir «actos de violencia o abusos serios de derechos humanos», arrestos o causas judiciales contra manifestantes antigubernamentales en Venezuela.
«Los individuos detrás de las violaciones de derechos humanos en Venezuela no podrán seguir escondiéndose y serán responsabilizados», dijo el senador Robert Menéndez, que impulsó la ley en la cámara alta.
La medida ya ha generado el descontento de Caracas, y el martes el presidente Nicolás Maduro advirtió a Obama que «saldrán muy mal parados» si ejecuta las sanciones.
Maduro dijo que ha estado «pensando» en el futuro de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, país desde el cual, según dijo, se han «desplegado funcionarios» para atacar a oficiales de la fuerzas armadas venezolanas.
