El Senado aprobó el lunes un proyecto de ley que busca suspender visas y congelar activos en territorio estadounidense pertenecientes a funcionarios venezolanos acusados violar derechos humanos durante las protestas callejeras que sacudieron al país sudamericano a comienzos de año.
La cámara baja debe aprobar esta versión del Senado antes de que el jueves culmine el actual periodo de sesiones para entonces enviarla al presidente Barack Obama.
Si la cámara no logra adoptar la nueva versión esta semana, el nuevo Congreso que se instalará en enero deberá comenzar el proceso en ambas cámaras.
La iniciativa de ley fue adoptada en el Senado por unanimidad apenas 48 horas después de la derrota electoral que sufriera en segunda vuelta la demócrata por Luisiana Mary Landrieu, quien había presentado objeciones en agosto alegando su temor de que las sanciones pudieran provocar despidos en una planta que la petrolera de propiedad venezolana Citgo posee en Luisiana.
El presidente de la comisión de asuntos exteriores y autor de la ley, el demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez, calificó a las sanciones como «una respuesta necesaria desde hace mucho tiempo. Nuestra lucha para ofrecerle esperanza y oportunidad renovada a Venezuela apenas ha comenzado».
El otro autor de la legislación, el republicano por Florida Marco Rubio, dijo que «pese a las dificultades que han enfrentado los venezolanos este año, espero que al menos podamos culminarlo con una buena noticia al convertir estas sanciones en ley firmada por el presidente e implementada por el gobierno».
La Cámara de Representantes aprobó en mayo una medida similar. Su autora, la republicana por Florida Ileana Ros-Lehtinen, expresó el lunes su beneplácito por la aprobación del Senado y fustigó al gobierno de Maduro porque «sólo ha demostrado interés en su autopreservación, destruyendo los principios democráticos y socavando las libertades fundamentales de los venezolanos».
El Departamento de Estado suspendió en julio las visas a 24 funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las protestas que dejaron 43 muertos.
The Associated Press consultó el lunes a la Casa Blanca si el presidente Barack Obama piensa darle el ejecútese a la ley, sin recibir respuesta de inmediato.
El gobierno estadounidense se pronunció el mes pasado por primera vez a favor de aplicar sanciones adicionales a funcionarios venezolanos, alegando que el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición no ha rendido frutos.
Tony Blinken, el segundo asesor más importante para Obama en asuntos de seguridad nacional, le dijo al senador Menéndez que «no nos opondríamos a avanzar con sanciones adicionales» durante una audiencia para confirmar su nominación como adjunto del secretario de Estado John Kerry.
El Senado adoptó la iniciativa al día siguiente que Maduro anunciara públicamente que estudiaba las relaciones con Washington debido a informes que tendría de una supuesta injerencia de la embajada estadounidense en el país.
Dijo también que tomará medidas para combatir lo que cataloga como intentos de desestabilizar su gobierno.
Estados Unidos aseguró el lunes que su embajada en Caracas opera apegada a convenios internacionales.
Los dos países no intercambian embajadores desde 2010.
