El Ministerio Público no ha notificado a la Defensoría del Pueblo sobre la incidencia de casos de tortura cuyas denuncias ha recibido en los últimos meses o investiga, en relación con la detención de estudiantes opositores en las celdas del Sebin.
Así lo denunciaron este lunes representantes del Foro Penal Venezolano y del movimiento Jóvenes Venezolanos, quienes acudieron a la sede del Poder Moral para protestar contra las irregularidades en la investigación y sanción de violaciones de derechos fundamentales.
«Incumpliendo lo establecido en el artículo 24 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Crueles, Inhumanos o Degradantes, ni la juez ni el fiscal antes referidos han notificado a la Defensoría del Pueblo de tal situación, que detallamos en informe», señala un documento consignado en la institución.
Los casos a los que hizo referencia la ong y el movimiento civil fueron los de los estudiantes Gerardo Resplandor, Nixon Leal, Dioris Albarran, Abril Tovar, Angel Contreras, Carlos Pérez y especialmente Gerardo Carrero.
Las agresiones físicas y actos de tortura practicados contra este último en una celda de El Helicoide (sede principal del Sebin en Caracas), y que fueron denunciados por sus familiares el día 26 de agosto pasado, fueron reconocidos por el Ministerio Público al asignar esta causa al fiscal 151° regional, Luis González. Este a su vez presentó el caso ante el Tribunal 1° de Control de Caracas donde cursa un expediente, donde fue ratificada la denuncia el pasado 19 de noviembre.
Sin embargo, es poco o nada lo que han hecho las autoridades judiciales hasta ahora, incluyendo la omisión en la aplicación de los protocolos que alude la ley contra la tortura.
«Gerardo Carrero sigue aislado en la cárcel del Sebin-Plaza Venezuela, lugar que sus mismos custodios llaman «La Tumba», sin recibir Sol, sin ver a sus abogados, en condiciones que deterioran notablemente su estado emocional y físico, sin atención médica especializada, y aún peor, sin recibir justicia», señaló un comunicado emitido por los compañeros de Carrero.
Finalmente, los denunciantes recordaron que la referida ley también establece castigo para los funcionarios del Estado que teniendo en conocimiento de delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, no las notifiquen.
«Hasta cuándo permitiremos que el mismo administrador de justicia sea el violador de la leyes?», expresaron.
