Un miembro de la Unión Parlamentaria fungirá como observador del rpeoceso que el Ministerio Público sigue contra la diputada opositora María Corina Machado a quien se le acusa de conspiración por participar presuntamente en un atentado contra el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.
Así lo anunció este lunes el secretario del Comité de Derechos Humanos de la UIP, Roger Huizenga, durante una presentación de la situación de legisladores que sufren abusos con trasfondo político en países de todas las regiones del mundo.
La idea es que el observador informe al Comité y a los parlamentos sobre cómo se desarrolló el proceso contra Machado y si se respetaron las garantías judiciales.
«Los procesos en principio son públicos y en países como Malasia, Camerún y Colombia no hemos tenido ningún problema para observarlos, sólo informamos a los gobiernos de que estaríamos presentes», precisó.
El Comité se reunirá en enero próximo, cuando está previsto que apruebe el envío del observador.
Asimismo, revisará el estado de la petición que ha cursado al Gobierno venezolano para enviar, además, una misión de la UIP que evalúe la situación general de los parlamentarios venezolanos.
«La misión es diferente del observador y serviría para transmitir ciertas preocupaciones que tiene el Comité, pero también para mejorar su comprensión de la situación de la oposición y de algunos parlamentarios individuales, como la señora Machado», indicó el secretario del órgano de la UIP.
Sin embargo, añadió que el Gobierno de Caracas ha respondido a la petición recibida señalando que «tiene voluntad de recibir al Comité, pero no ve la necesidad de una misión. Esperamos que cambie de opinión», detalló Huizenga.
La UIP desearía que las autoridades de Venezuela entiendan «la importancia de esa misión, no para formular críticas, sino para entender lo que sucede en un contexto tan polarizado».
Considera, por ello, que se debe escuchar «a ambas partes», así como a actores distintos a los poderes ejecutivo y legislativo, como podrían ser los miembros de la judicatura, de organizaciones de la sociedad civil o de la comunidad diplomática.
