“Nosotros estamos de acuerdo con el régimen, porque necesitamos hombres nuevos, pero no sé en qué los están transformando. En la casa nos enseñan que el mal trato genera violencia y aquí lo hacen por placer. ¿Qué están creando, un monstruo?” Estas son las palabras de Yulibeth Torres, madre de uno de los internos de Uribana, quien declaraba en medio del ambiente de angustia y zozobra que se vivió, tras un motín protagonizado por los privados de libertad, que arrojó un saldo (hasta ahora) de 47 reos fallecidos, más de cien intoxicados y 1.360 trasladados a otros penales.

“Jamás pensé que en Venezuela, en época de democracia, se vieran actos de torturas y maltratos a los cuales han sido sometidos estos privados de libertad”, analizaba Torres.

Cinco días de terror

En el centro penitenciario David Viloria, o antiguo Uribana, había hasta hace dos semanas, una población de 3.700 privados de libertad, de los cuales 330 mujeres, quienes se encuentran en el área externa y 3.370 hombres, distribuidos en los ocho módulos.

Una vez que este centro fue poblado comenzaron a salir, una que otra, denuncias de maltratos, de la mala alimentación, y siempre que esto pasaba cambiaban la dirección del penal o tomaban los correctivos. Una dirección al mando de Elio Hurtado, seguido de Orlando Escamillo, había cambiado todas esas situaciones, hasta el punto que acabó con la corrupción que se venía generando en cuanto al pago de los traslados.

La situación en Uribana estaba tranquila, pero, de forma repentina, el martes 18 de noviembre, Julio César Pérez, director de la Comunidad Penitenciaria de Fénix (lugar donde están las personas condenadas), pasó a tomar las riendas del David Viloria. Esta situación alertó a los internos, porque sabían por relatos de algunos privados de libertad, que acostumbraba a maltratarlos y además escuchaban gritos en Fénix. A los internos los sometía al orden cerrado desde la madrugada.

Según relataron los mismos privados de libertad, el miércoles 19 de noviembre llegó Pérez a Uribana y de inmediato se paseó por todos los módulos expresando que era el “diablo” y los venía a poner en cintura.

Comenzó a darle órdenes a los custodios de Uribana, pero ninguno se prestó y por ello buscó a su grupo, funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata (GRI) de Fénix y con un grupo de al menos veinte personas, sometían a los internos.

A inmensas torturas fueron sometidos los internos, quienes indican que los maltratos, por lo general, se le aplicaba a quienes se portaban mal, pero este director lo hacía por placer y con todos.

“Cuando pedíamos respeto, sacaban una especie de bate, que decía Derechos Humanos y con eso nos daba. Nos clavaban piedras en la cabeza, nos ponían desnudos sentados en el asfalto a llevar sol, nos pegaban en los dedos con una tabla, nos ponían firmes con una bomba lacrimógena en la mano, o nos echaban un polvo que pica en la cara y no nos podíamos mover”, fueron algunas de las torturas a las cuales eran sometidos los reos.
La gota que derramó el vaso, es que el director nuevo se metió en el módulo 2 y acompañado de su grupo, les quitó toda la comida y pertenencias a los internos, simplemente porque quiso. Los custodios de Uribana llevaron parte de estos maltratos, pues los desalojó de sus dormitorios.

Fueron cinco días que los privados de libertad estuvieron sumidos a la total violación de sus derechos humanos, a pesar de las denuncias ante el Ministerio Público. También se solicitaba la presencia de Iris Varela, ministra de Servicio Penitencio, pero nadie daba respuesta, por ello estalló la furia de los presos. A través de algunos contactos entre ellos mismos, el lunes 24 de noviembre, en la mañana se declararon en huelga de hambre, para posteriormente salir de sus módulos y tomar el control del penal.

Medidas desesperadas

Las ganas de salir de las cuatro paredes de una celda en la cual en ocasiones pasan más de dos semanas, sin tomar aire libre, se apoderó de los internos, quienes se descontrolaron y destrozaron las paredes para salir.

Algunos, en protesta, quemaron sus pertenencias, así como las áreas administrativas, perdiendo todos sus documentos de registro. En conjunto pedían la salida del director Julio César Pérez. Otros peleaban entre sí; algunos, temiendo por la presencia del “Gobierno” en el penal, pensando que podría ocurrir una masacre, decidieron aceptar los traslados. Los más osados asaltaron la enfermería en horas de la madrugada, con la intención de pasar un buen rato, haciendo una liga de medicamentos con alcohol absoluto y yodado, preparando un “coctel”, que posterior a su consumo le causaría la muerte a 47 personas e intoxicación a más de cien.

Los dos primeros traslados fueron la madrugada del martes y fueron 404 para Tocorón y 316 a la Penitenciaría General de Venezuela (PGV). Ese mismo martes comenzaron a sacar hacia los centros asistenciales de la región a varios internos quienes estaban intoxicados.

Con cuadros de convulsión, pupilas dilatadas e inconscientes, sin responder a estímulo alguno, llegaban los internos, quienes fueron muriendo poco a poco.

Dicha situación duró entre martes y miércoles. Entre ese tercer día y el jueves se hicieron dos traslados masivos: 310 internos para Tocorón y 334 para la PGV. En total, 1.360 internos trasladados para estos centros penitenciarios.

Fue ese mismo jueves, luego de la mediación con la ministra y personal del Ministerio, cuando las autoridades lograron tomar el control del penal.

Desinformación, angustia y zozobra

Una vez que explotó el motín en Uribana, los familiares de los internos iban llegando uno a uno a las afueras de la cárcel, algunos rememoraron la masacre de Uribana, pues veían cómo salían las ambulancias. La desinformación reinó al menos tres días.

Funcionarios de la Guardia Nacional tenían tomado el penal. Cuando los seres queridos de los presos quisieron ingresar, fueron agredidos y dispersados con bombas lacrimógenas y perdigones e inclusive hasta los medios de comunicación recibieron parte de las agresiones de los castrenses.

Los rumores de la cantidad de muertos aumentaba. No se sabía qué pasaba, hasta que las primeras autopsias revelaban muerte por intoxicación medicamentosa. Las muestras toxicológicas fueron tomadas, pero hasta ahora no han arrojado algún resultado. Las denuncias que los habían envenenado crecían. Seres queridos de los reclusos aseguran que ellos no lo habían hecho, mientras autoridades declaran que la toma de este “coctel de la muerte” fue por su voluntad.

La morgue estaba repleta de cadáveres. El proceso de identificación exigió formar a los familiares en colas. Pasaban de cinco en cinco. Algunos constataron lo peor; otros simplemente seguían sin saber de los suyos.
Fueron 38 los reclusos fallecidos en Lara.

Detenido director y custodios investigados

Las versiones oficiales no se generaron por parte de Iris Varela, ministra de Servicios Penitenciarios, quien sólo anunció a través de su cuenta de Twitter, que la huelga había culminado, un día antes de conocerse el caso de los intoxicados. Pasó días en silencio hasta dar el pésame a los familiares por la misma vía. Una comisión de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado William Ojeda dio la cara y rindió cuenta de los fallecidos, explicando que el “coctel”, lo consumieron por su cuenta. Boletines de prensa informaron de la detención de Julio César Pérez, director de Uribana, por ser responsable de los hechos acaecidos en el penal. Su audiencia de presentación lleva una semana y aún se desconoce su destino, de la misma forma se informaba de la investigación a 14 custodios, quienes habrían confesado el pase de droga y teléfonos hacia el penal.