A juicio funcionario de la PNB por complicidad en robo de 42 armas de fuego 

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El Ministerio Público acusó al funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Marluis Yonaiker Nieves Toledo (27), por su presunta vinculación con el robo de 42 armas de fuego sustraídas la madrugada del 20 de octubre de 2014, de una sede del citado organismo, ubicada en el sector II de Trapichito, Guarenas, municipio Plaza del estado Miranda.

En ese sentido, los fiscales 41° nacional y 5° de la referida jurisdicción, Franklin Nieves y Martin Bracho,respectivamente, acusaron al efectivo policial por la comisión de de los delitos de robo en grado de cómplice necesario y asociación para delinquir.

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Tales delitos se encuentran previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

En el escrito presentado ante el Tribunal 2° de Control de Miranda, los fiscales solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento del policía y que se mantenga la medida privativa de libertad contra Nieves Toledo, quien permanece recluido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Por este mismo caso, se encuentra imputado Riobin Yosnaiker González (20) por los delitos de robo agravado, tráfico ilícito de arma de fuego y asociación para delinquir.

Según la investigación, la madrugada del mencionado día un grupo de hombres armados ingresó a la sede de la PNB en el referido sector, donde sometió a los presentes y sustrajeron las pistolas del parque de armas.

La custodia del armamento le correspondía esa noche a Nieves Toledo, sin embargo, en el momento del hecho no se encontraba en su lugar de trabajo. En horas de la tarde del mismo día, el funcionario fue detenido.

Posteriormente, tras varias diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público y ejecutadas por efectivos del Cicpc, se determinó la presunta vinculación de González con el citado hecho, por lo que fue detenido el 20 de noviembre de este año, en atención a una orden de aprehensión solicitada por los fiscales que llevan el caso y acordada por la referida instancia judicial.

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