Ángel Jesús Colmenárez Barradas, el contralor municipal de Iribarren, destituido el pasado mes de abril, está a la espera de una decisión tribunalicia ante el recurso de amparo introducido.
La Contraloría General de la República le destituyó por haber incurrido, supuestamente, en excesos en sus funciones por haber solicitado una auditoría al Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, algo para lo que estaba autorizado.
Colmenárez sigue considerando ilegal ese procedimiento, que atribuye a una retaliación por no existir causal para ello, es completamente ilegal.
Explicó que, previamente, había recibido una notificación de la Directora de Control de Municipios de la Contraloría General de la República, Beysce Loreto Dubén, en la que se le autoriza a hacer, sin limitaciones, ese tipo de inspección o auditoría, que en el caso del CPNNA no se llevó a cabo.
Considera que su caso está plagado de irregularidades pues nunca fue citado para alguna explicación, o sea que no se le otorgó el obligado derecho a la defensa.
Igualmente estima improcedente que la contralora interventora que le sustiutuyó le haya suspendsido sin goce de sueldo y que, incluso, haya sido excluido del Seguro Social.
Pareciera rebuscado, afirmó, que sólo por intentar hacer una auditoría, porque no se llevó a cabo, intervenir un órgano de control como la Contraloría Municipal de Iribarren.
También dijo estar a la espera de lo que debe ocurrir próximamente con respecto al recurso por vía de hecho introducido ante lo que considera una decisión arbitraria de la contralora interventora de suspenderle su sueldo sin un acto administrativo que le respalde.
Informó que el caso se encuentra en el Tribunal Superior Contencioso Administrativo y en los próximos días solicitará la nulidad de su destitución ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, confiando en que sus argumentaciones jurídicas sean tomadas en cuenta por sus miembros.
Además, dijo estar a la espera de la notificación del procedimiento para destituirlo con el fin de garantizarle por lo menos el derecho a la defensa, algo que no se le ha garantizado hasta el momento.
“Se me ha violado el derecho a la defensa, al debido proceso, la presunción de inocencia, porque están diciendo que me van a abrir un proceso para destituirme, pero será para probar que hay elementos suficientes para hacerlo”, expresó.
