Familiares de las diez personas detenidas por la protesta estudiantil ocurrida el 12 de septiembre en la avenida Lara, acudieron a la Defensoría del Pueblo a razón de solicitar la intervención del organismo en la reducción de las medidas impuestas a sus seres queridos. El caso más trascendente es el de la señora María Elena Uzcátegui, quien se encuentra en el anexo femenino del centro penitenciario de Uribana con un delicado estado de salud.
La organización civil Funpaz acompañó la acción del grupo de ciudadanos. Su representante, Manuel Virgüez, informó que gestionaron la reunión con la defensora Elba Yris Rodil en función de recibir su respaldo en la aplicación de una medida menos gravosa para los privados de libertad.
“Queremos que la defensora acompañe la solicitud que pudiera hacer la defensa ante tribunales. Estamos haciendo mayor hincapié en la situación de la señora Uzcátegui, quien nos manifestó que su salud no podrá resistir mucho tiempo en la cárcel. Con ella queremos dar más ponderación por el deterioro de su calidad de vida”.
“Vamos a solicitar que tome el rol de conciliadora en la condición de los nueve estudiantes detenidos en la Comandancia de la Policía Estadal en la calle 30 y en la Comandancia de Los Cerrajones”.
Adicionó que pedirán la intervención de la institución por el retardo procesal en los casos de los detenidos, considerando que la audiencia preliminar pautada el pasado 26 de noviembre fue diferida al 26 de diciembre; así como también intuye que en esta última fecha se prorrogue la presentación de los ciudadanos ante Tribunales, lo cual afecta su derecho al debido proceso.
Defensoría atendió a familiares
Elba Yris Rodil, defensora del Pueblo en el estado Lara, recibió a los familiares de los detenidos y recibió las peticiones.
“Hoy (ayer) recibimos un grupo de familiares de los detenidos, escucharemos sus planteamientos y verificaremos en qué medida podemos intervenir como organismo del Poder Ciudadano. La revisión de la medida es una solicitud que se hace ante el tribunal competente, instancia que estudia la viabilidad del beneficio. Nosotros como garantes del debido proceso podemos ratificar tal requerimiento o pedir el pronunciamiento al juez”.
Destacó que todas las peticiones realizadas por los ciudadanos involucrados en los hechos de protesta desde el 12 de febrero, han sido canalizadas mediante el levantamiento de expedientes o la instalación de mesas de trabajo permanentes. Al consultarle sobre el caso de la señora Uzcátegui, respondió que investigará y aplicará los mecanismo que le faculta la Ley.
Caso Uribana
En cuanto a los hechos en la cárcel de Uribana, Rodil declaró que supervisan permanentemente el centro penitenciario, donde han tramitado las denuncias.
“Vemos con alegría que esté volviendo la calma. La privativa de libertad del exdirectivo del centro da cuenta de la gestión del Estado a través del Ministerio de Asuntos Penitenciarios”.
