Uribana siempre ha sido catalogada como uno de los penales más peligrosos del país, donde reina la violencia y los privados de libertad son los que llevan su control.
Protagonistas de varias masacres, secuestros de familiares, famosos por no cobrar causas y único penal donde se llevaban a cabo los llamados “coliseos”, riñas colectivas que se hacían para dirimir las diferencias entre reclusos, que dejaban grandes saldos de lesionados.
Tanto temor infundía haber estado en Uribana, que cuando un larense llegaba a otro penal, era tratado con respeto y temido por los pranes, pues pensaban que en cualquier momento podía tumbarles el trono. A medida que fueron pasando los años, las cárceles del país se fueron sobrepoblando y saliendo del control del Estado, lo que llevó al Gobierno a declarar una emergencia carcelaria, poco se hizo para retomar el control y años después se creó el Ministerio de Servicio Penitenciario, guiado por Iris Valera, quien llegó con la política de humanización.
Con la promesa de desarmar los penales, clasificar a los internos, llevarlos a un nuevo régimen, llegó el nuevo ministerio, pero en la práctica de intervención de los centros penitenciarios el saldo fue negativo, por la resistencia de los presos.
En Uribana se llevó a cabo el 25 de enero del 2013, y fueron 61 personas las que perdieron la vida y más de cien heridas. El penal fue desalojado y sus ocupantes trasladados a otros penales del país.
Posteriormente fue reinaugurado el centro penitenciario David Viloria, antiguo Uribana, trajeron a los primeros reclusos y poco a poco fueron llegando, está vez separados solo alojaron a los procesados, a las mujeres a parte. La población actual era de 3700, de los cuales 330 mujeres.
A los internos que han recibido su condena, son enviados a la Ciudad Penitenciaria de Fénix, nuevo centro construido.
En medio de la implementación de ese nuevo régimen a los internos se les colocó un uniforme, se les da orden cerrado, con la intención de inculcar la disciplina y no se le permite a la familia llevar comida cruda a la hora de la visita, porque a ellos les dan sus tres comidas. Así mismo la visita se redujo de todos los fines de semana a una vez al mes.
Para Humberto Prado, director del Observatorio Nacional de Prisiones, con las intervenciones se ha causado es el cierre de más penales de los que han sido inaugurados, además que los que han sometido a régimen, son de donde ahora más provienen denuncias de maltratos y Uribana ha sido uno de los que lleva la batuta.
Un repertorio de directores ha pasado por David Viloria, antiguo Uribana. Ya llevan dos motines, siendo el último el más significativo con un saldo de 38 muertos por intoxicación, en su protesta por la destitución de Julio Cesar Pérez, director del recinto carcelario.
Prado indica que al trasladar al interno no solo se genera un retardo procesal, sino que también se está aumentando las cifras de hacinamiento dentro de los recintos carcelarios, como es el caso de Tocorón que sobrepasa el 900 %.
“Pareciera que no tienen la más mínima intención de solucionar esta crisis carcelaria, cada vez que tienen un motín, el Ministerio traslada internos y a sus directores protestados a otros recintos, quienes seguirán con sus mismas prácticas en otros penales”, expresa Prado, quien a su vez asegura que no se está erradicando el problema.
Por su parte, Nelson Freitez, reconocido sociólogo, indica que a pesar del nuevo régimen, Uribana siempre se ha mantenido en una zona de conflicto, pues los internos vienen arrastrando toda la violencia que allí se vivió, la falta de respuesta del Gobierno por la masacre, sumado a las situaciones de hacinamiento que siguen teniendo, los castigos severos, la mala alimentación, falta atención medica y la mala utilización de su tiempo, en donde sigue predominando el ocio y no existen prácticas verdaderamente productivas, es una mezcla que no es conveniente para su rehabilitación.
“Son una serie de situaciones, que se van acumulando, enervan al interno, sienten ganas de venganza, generando una reacción colectiva y termina en motines”, asegura Freitez.
Para el sociólogo, “Uribana siempre estará montada en un foco de violencia. No basta que les pongan uniforme, que les den orden cerrado, pero si no garantizan las condiciones mínimas como son: la alimentación, las sanitarias, el buen trato. Mientras el interno no sea dignificado, ese régimen no estará funcionando”.
Para ambos especialistas, el Estado debe estudiar lo que está pasando y dar una respuesta inmediata, porque las denuncias de maltratos son constantes y las reacciones son repetitivas.
