La denostada Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de hacer publico un informe esclarecedor sobre El derecho a la verdad en América, relativo al conjunto de medidas políticas y jurídicas – que se obligan a adoptar los Estados – para el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos, la reparación de las víctimas y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Se trata de una asignatura que a diario reprueba una mayoría de los gobernantes que se dicen demócratas en la región, entre quienes no cuento, obviamente, a los autócratas, como Nicolás Maduro o Rafael Correa, pues nada cabe esperar de ellos al respecto.
Acerca de la memoria, la verdad y la justicia, como suerte de variables encadenadas que le dan sustancia al quehacer democrático – ese que desprecia el régimen de Maduro hace pocas horas, luego de permitir que un centenar de compatriotas mueran envenenados en la cárcel de Uribana bajo su custodia – he escrito en 2012 un libro, con igual título, Memoria, Verdad y Justicia. Allí abundo, justamente, sobre la relación existencial que se da entre la democracia y la verdad, por negarse aquella a la mentira y al encubirimiento como políticas de Estado.
Sin decirlo, la CIDH dirige su informe como admonición al gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien hoy negocia la paz con la narcoguerrila – socia del gobierno protochavista de Venezuela desde 1999 – y cuyos atentados generalizados y sistemáticos de derechos humanos mal pueden quedar impunes, como se pretende y según parece.
El derecho a la verdad es sustantivo de la democracia y jamas cede, ni siquiera ante las mayorías electorales. Él es acceso libre a la información en manos del Estado. Es derecho de la sociedad a saber el cómo, porqué, y quiénes son los responsables de los atentados que sufren los derechos de las personas y los ciudadanos. Es, asimismo tutela de la justicia, es decir, derecho a que la autoridad judicial diga la verdad sobre tales atentados y exija las responsabilidades comprometidas. De igual manera, como suerte de contínuo, el derecho a la verdad es la primera reparación que cabe otorgar a las víctimas y a los familiares de las víctimas que a su paso dejan gobiernos y gobernantes que, por acción u omisión, son irrespetuosos de los derechos humanos.
La democracia es, en suma, práctica de la verdad. Es deliberación, debate e información libre, a la luz del día y con transparencia, a fin de que el pueblo pueda decidir informado, no con una venda en los ojos o enajenado de toda razón – por necesitado de saciar su estómago o necesidades primarias – y al no sentirse siquiera dueño de su hambre. La democracia es, en pocas palabras, desprecio por el engaño y la manipulación oficiales.
No obstante, recién se habla de posdemocracia para describir a esas novísimas experiencias que nos aporta el siglo XXI, donde el populismo gubernamental es exacerbado mediante una combinación diabólica de control y censura de los medios de comunicación social y de recursos financieros ingentes para el manejo de la propaganda de Estado. La política muda así en teatro de utilería, en objeto costoso de consumo que se usa y se desecha, impidiendo toda equidad en la competencia política.
La capacidad para la manipulación de conciencias y la generación de realidades virtuales es, en efecto, el signo de los tiempos que corren. No tiene signo ideológico. No es de izquierdas ni de derechas. Sólo la anima el control del poder sobre la gente y su posesión, sin alternabilidad democrática.
«Mentira fresca» es el nombre que le acuña la oposición democrática y se gana en buena lid el presidente venezolano y quienes le sirven desde los demás poderes estatales. Su gobierno es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero a la vez tiene sobre las espaldas miles de perseguidos judiciales por disentir, decenas de miles de asesinatos no esclarecidos que llama ajustes de cuentas, centenares de torturados, decenas de prisioneros políticos y casi una decena de homicidios de Estado. Y a través de su gobernación mediante twitters y redes informativas a diario nos dibuja una realidad sin carencias, hecha de individuos apenas pendientes de otro Dakaso, es decir, de la oferta gratuita por el gobierno, previa confiscación a los comerciantes, de televisores a plasma y equipos digitales a granel, para que siga la virtualidad y el escapismo.
El derecho a la verdad implica, así las cosas, inmunidad social frente a la falsedad, denuncia sin tregua de las violaciones de derechos humanos por agentes del Estado, y lucha sin cuartel contra la impunidad. Y para que la verdad no se oculte o tergiverse, el derecho a la misma es, en lo particular, memoria histórica, nunca olvidar.
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