En mi época de muchacho era muy poca la preocupación de legalidad para el desenvolvimiento del ciudadano en el acontecer diario. Todos de una u otra forma estaban en conocimiento de qué se podía hacer, que tenían que solicitar asesoramiento para la permisologia respectiva. Esa legislación pequeña en contenido abarca ese máximo de vida cotidiana y estaba dirigido más a permitir que a prohibir, a orientar que a castigar, a producir que a consumir, a controlar sin atropellar y de esa forma garantizar ese derecho y deber que se tiene en toda legislación que es el “trabajo”.
Yo no me llamo Eugenio, pero desde pequeño mis padres me enseñaron que para vivir decentemente había que ingeniárselas para trabajar en lo que más le guste, siempre que esté ajustado a la normativa legal.
Durante toda mi vida he visto correr ese río de Constituciones, leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y panfletos, que si bien es cierto se pueden ajustar al bienestar general en contraposición a: bienestar de grupos o de individuos, hoy nos encontramos con esa legislación en donde todo está prohibido hasta el punto que he llegado a la conclusión de que lo único que me está permitido es respirar, puesto que si se me ocurre producir hidrógeno y oxígeno del aire tengo que tener permiso del Estado.
El sistema legal de Venezuela tengo entendido que debe ser originario de la historia, de las costumbres, de las iniciativas del pueblo y, sobretodo, dirigidas e impulsadas por ese órgano legislativo que hoy se llama Asamblea Nacional, que para pertenecer a ella el legislador debe ser elegido por los ciudadanos a través del voto. En estas reflexiones me viene a la mente la firma y promulgación de esa cantidad de decretos–leyes que se acaban de firmar como producto de una Ley Habilitante, leyes no hechas por legisladores elegidos para tal fin, legislación dirigida al manejo del trabajo diario con su ingrediente de prohibiciones, de castigos, de amenazas y por qué no llegar a la conclusión de violentar ese normal derecho de trabajar y producir, de permitir que cada quien haga el trabajo que le guste, que a un comerciante informal se le prohíba vender jabón, que a un heladero se le prohíba vender helados, entonces ¿qué es el comercio informal? Siempre he entendido que no es otro que un comercio de subsistencia hasta que haya la posibilidad de un trabajo formal, y si esto se ha convertido en un comercio de especulación la culpa está en otra parte, permitan que el comercio formal esté abastecido suficientemente como para que no haya especulación con los productos.
Si esta legislación de conceptualización del manejo económico del país está dirigida a permitir el trabajo y a producir, bienvenida sea, mas si está dirigida a la creación de estructuras burocráticas, a entorpecer el desenvolvimiento normal que no es otro que trabajar, producir, transportar, distribuir, comercializar y consumir, pues casi se puede afirmar que nos arrimaremos más al precipicio y se seguirá hablando de este delito económico que sólo existe en Venezuela, “contrabando de extracción”, en contraposición a la alegría que nos causaría que pudiésemos hablar en un futuro cercano que Venezuela producirá para exportar y que otros países sean los que hablen de la producción de productos a bajos costos en nuestro país.
José Gerardo Mendoza
