Mediante pancartas y consignas al unísono exigiendo el respeto a sus derechos, la organización civil Esfuerzo Divino alzó su voz de protesta en las inmediaciones del Consejo Legislativo Estadal, en reclamo de la ocupación ilegal que hiciesen 200 personas en terrenos que fueron comprados con recursos propios y que cuentan con un proyecto habitacional del Gobierno Nacional. Exigen el desalojo de los ocupantes y la mediación de los diputados.
Representantes del colectivo relataron que desde hace 10 años un conjunto de 608 familias decidieron organizarse en función de buscar por vías legales la materialización de una solución habitacional. Así surgió Esfuerzo Divino. Luego, compraron un terreno de 12 hectáreas ubicado en la avenida Las Industrias, sector Los Crepúsculos, donde establecerán su aspiración por consolidar un hogar.
Posteriormente, lograron concretar un macroproyecto habitacional financiado por el Gobierno Nacional, con la construcción de 38 edificios de cuatro pisos. Cada inmueble estaría asignado a cada familia del colectivo civil.
Sin embargo, en el mes de mayo, aproximadamente 200 familias ocuparon ilegalmente los espacios supuestamente apoyados por un dirigente político. En tal sentido, el inicio de las obras para la construcción de apartamentos fue paralizada.
Orlando Vargas, representante del colectivo, declaró que están exigiendo la mediación de los parlamentarios regionales para poder iniciar con la construcción del complejo habitacional.
“Es totalmente injusto lo que está sucediendo por el hecho de que un pueblo no organizado está afectando a un pueblo humilde y organizado. Hemos ido a varias instancias legales y no hemos tenido respuestas, incluso, nosotros de buena fe, le solicitamos a la municipalidad que les asignara un lote de terrenos a los ocupantes pero todavía no lo hemos logrado”.
Sustentó su versión informando que la comunidad abrió un expediente en el Tribunal de Control número tres, a cargo de la juez Alicia Olivares, de quien esperan la resolución que permita proceder con la desocupación amparada en el marco legal.
Exigen el desalojo inmediato de los ocupantes. Temen que suceda una situación parecida a la ocurrida a mediados de año en la urbanización La Pastoreña.
