El delito organizado, entendido como la conformación de “grupos de delincuentes que se asocian de forma duradera para realizar actividades ilegales”, es un secreto a voces en el país. La mayoría de los venezolanos saben de su existencia y conoce sus implicaciones, pero el tema es poco abordado en público.
La Asociación Civil Paz Activa considera que se trata de un fenómeno en aumento y tiene un impacto significativo en el incremento de la criminalidad en el país. Así lo perciben los venezolanos consultados en la I Encuesta sobre Delito Organizado en Venezuela, cuyos resultados fueron divulgados el miércoles en el auditorio Raúl Quero Silva de la Universidad Fermín Toro, en una actividad dirigida a los estudiantes de Derecho, Comunicación Social, Ciencias Políticas y público general.
El sociólogo Luis Cedeño, director de Paz Activa, señaló que la iniciativa resulta innovadora al ser la primera ocasión en que se consulta el tema con los venezolanos. “Llama la atención lo que entienden las personas por ‘Delito Organizado’ y los crímenes que asocian al término: narcotráfico, microtráfico, robo y hurto, homicidio, secuestro y extorsión”.
La encuesta forma parte de un proyecto que busca la consolidación de un Observatorio de Delito Organizado en el país, que es bandera de Paz Activa. Contó con respaldo del Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso) y el Observatorio Venezolano de Violencia. El proyecto es respaldado por el Instrumento Europeo para la Promoción de la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) de la Unión Europea.
“Detrás de las manifestaciones constantes de los delitos comunes que se observan en las comunidades, funciona un mercado ilegal”. En tal sentido se identificó la existencia de venta ilegal de armas y municiones, microtráfico de droga, venta de productos de primera necesidad a precios no regulados y el contrabando.
“En este sentido, los encuestados señalan o dicen tener la noción de la existencia de alguien con poder detrás de esos tejidos o redes del delito organizado, aunque no logran identificar a los actores o protagonistas”.
“Estos delitos han adquirido mayor relevancia en el contexto de ‘guerra económica’ planteado por el Gobierno nacional, porque nos dicen que justamente son estas acciones las que están afectando más a la población; pero, este tipo de delitos no se registraban hace cuatro o cinco años, porque no existían las distorsiones en la economía venezolana como las que hoy se observan”.
Los resultados del estudio arrojan que ciertas instituciones del Estados lucen vulnerables frente al delito organizado, aupado por la corrupción, detalla Cedeño.
“Más de la mitad de las personas tienen la percepción de que la Policía es corrupta, incluso dentro de los diferentes niveles del sistema policial venezolano ya se identifica a la Policía Nacional Bolivariana, creada hace pocos años, como un foco de corrupción”.
Más del 52% de los consultados considera que los estamentos militares también se encuentran permeados por el delito organizado y la corrupción. Situación parecida ocurre en el ámbito de administración de justicia, “cuya actuación ineficaz e ineficiente es atribuida a la presencia de este tipo de delitos”.
En los centros penitenciarios son los más vulnerables “porque se encuentran controlados por la delincuencia y esta es la gran amenaza que identificamos como gran conclusión del estudio. La presencia del delito organizado en las instituciones del Estado van minando las bases propias de la democracia”.
El estudio se llevó a cabo en el ámbito nacional, en los principales centros poblados y con una cobertura de 600 encuestas en hogares, con un nivel de confianza de 95%.
Criminalizan al comerciante
El abogado Pedro Troconis se refirió a la delincuencia organizada y los delitos económicos, durante la actividad realizada en la UFT.
Expresó preocupación por las detenciones frecuentes que se registran contra los comerciantes, distribuidores y empresarios, ejecutadas por la Superintendencia de Precios Justos, a través de la Guardia Nacional, bajo los delitos de presunto acaparamiento y especulación. Tal realidad atenta contra los comerciantes o empresarios que no acatan “el precio ficticio que deben tener los rubros que se expenden”.
Ante el incremento de estos casos, los profesionales del derecho se han dedicado a evitar la imputación del delito de asociación para delinquir, “porque la mayoría de las personas señaladas no encajan dentro de ese esquema”.
