El sistema de vigilancia de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos enfrenta uno de sus peores momentos, sometido a cuestionamientos de varios países por su presunta parcialidad y traspaso de atribuciones.

«Es un momento muy precario para la protección de los derechos humanos en el hemisferio occidental», dice a la AFP Douglass Cassel, profesor de Derecho de la Universidad de Notre Dame.

Las críticas han llovido sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la OEA, con sede en Washington, encargado de procesar denuncias de presuntas violaciones de los derechos humanos contra los Estados.

Pero más recientemente la que ha sido objeto de actos de rebeldía ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene jurisdicción sobre 20 de los 35 países que integran la OEA.

República Dominicana desconoció a inicios de mes la competencia de ese tribunal, con sede en San José, que la había condenado en octubre por las expulsiones sumarias de inmigrantes haitianos.

Guatemala también cuestionó la competencia de la Corte en varios casos en su contra durante las audiencias de la CIDH en octubre, una semana de sesiones a las que concurrieron Estados y organizaciones de la sociedad civil. Ecuador no asistió por tercera vez consecutiva en rechazo a las atribuciones de la Comisión.

Para Santiago Cantón, experto del Centro RFK de Justicia y Derechos Humanos en Washington, «la situación es indudablemente delicada», y marca una grieta en el consenso que existió sobre el rol de las instituciones internacionales de derechos humanos en una región con dictaduras, masacres y desaparecidos.

«A lo largo de la historia, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) siempre ha sido cuestionado por algunos Estados, pero esos cuestionamientos eran aislados, y siempre había una voz muy mayoritaria de los otros Estados, ya sea públicamente o con una diplomacia silenciosa, en defender al SIDH», dice el experto a la AFP.

«Esa defensa irrestricta está lamentablemente cambiando», lamenta Cantón, quien fue secretario ejecutivo de la CIDH de 2001 a 2012.

Garantías para los Estados

Los cuestionamientos recientes ocurren dos años después de que Venezuela renunciara a la Convención Americana de Derechos Humanos, uniéndose a Estados Unidos, Canadá y varios países caribeños, a los que la competencia de la Corte no abarca.

También siguen a un debate de dos años dentro de la OEA, principalmente para reformar la Comisión, que Venezuela y Colombia apuntalaron, antes de que se les unieran Perú, Argentina, Brasil y Ecuador.

Para Cantón, las modificaciones al sistema «deben estar orientadas a ampliar los derechos de las personas» pero durante los debates «solo estaban orientadas a lograr mayor garantías para los Estados».

Venezuela, Ecuador y otros países de la alianza de gobiernos de izquierda ALBA, como Nicaragua y Bolivia, han manifestado sus abiertas críticas a la labor de la CIDH, a la que tachan de estar subordinada a los intereses Estados Unidos.

En las audiencias de la CIDH en octubre el representante venezolano, Germán Saltrón, reiteró la postura de Caracas: «La Comisión y la Corte se han parcializado totalmente frente a Venezuela».

Esos países, en particular, plantearon sin éxito sacar la sede de la CIDH de Washington, prohibir su financiación fuera de la región y dar las mismas capacidades a todas las relatorías del ente, lo que equivaldría a debilitar la Relatoría sobre Libertad de Expresión.

«La CIDH y la Corte han sobrevivido a ese proceso pero ahora parece que los asuntos son levantados país por país», comenta Cassel, en referencia a las iniciativas de Dominicana y Guatemala.

Prioridad número uno

Al margen de los críticos abiertos del sistema, pocos Estados cumplen a rajatabla las recomendaciones de los organismos de derechos humanos.

La presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, alertó de una «preocupación general» por el bajo nivel de cumplimiento por parte de los países de las recomendaciones del ente, indicando que menos de una de cada cinco se cumplen en su totalidad.

Y si los Estados han acatado sentencias de la Corte, su cumplimiento en ocasiones ha quedado en promesas. Pero Robinson descartó que el sistema esté «perdiendo su significación en la región» y señaló el creciente número de audiencias celebradas en la CIDH, con más temáticas y organizaciones civiles presentes.

No obstante, el clima regional podría cambiar con la elección del nuevo secretario general de la OEA a principios del próximo año.

Según Cassel, las «inevitables» tensiones entre los Estados y el sistema internacional de derechos humanos se pueden superar «pero requieren de un liderazgo fuerte y comprometido».

«Se convierte en la prioridad número uno» para el actual secretario general, José Miguel Insulza, y su sucesor, afirma.