En la opinión nacional ha tenido honda repercusión la reciente incidencia del Ministro Elías Jaua, ocurrida en Sao Pablo (Brasil) y relacionada, según parte de prensa, con un arma de su propiedad y uso personal, que le fue decomisada a Yaneth Anza, acreditada como criada doméstica en la residencia del señor Ministro. Por sucesos ampulosamente debatidos, varios dirigentes chavistas, han sido objeto de cuantiosos comentarios de prensa.
Como abono a esta consideración, se puede conceptualizar, que el abatido Diputado Serra, es un caso prominente, en esta secuela, que se aduce como anillo al dedo, en esta sucesión de hechos. En su casa de La Pastora, donde lo interceptó la parca, tiniebla que no perdona, cuidaba con esmero, en cofre enclavado en la pared; dólares, 3 pistolas finas y 2 fusiles de asalto. Todo, según información de prensa ¿Se le conocían al diputado tendencias de coleccionista? ¿Cómo acumuló esos objetos tan ostentosos? ¿Qué propósito lo guiaba en estas colecciones?
Alude la Sociología: se es más hijo de su ambiente que de sus padres y que alicientes le aportaban las escenas de santería, que gustaba celebrar el diputado Serra, como hábito usual, lo cual fue corroborado por los medios de comunicación ¿La Fiscal General, por ser su obligación ineludible, indaga, con debida actitud, estas otras expresiones de la verdad, que demora en ser establecida inequívocamente?
Estas reflexiones sobre el velo de incoherencias que una mente zahorí fácilmente puede desentrañar, en actos confusos de pluralidad de indicios, son circunstancias, que asoman en la dilemática situación a la que se ve sometido el doctor Jaua y sobre la cual emitieron detalles específicos, los medios nacionales de comunicación.
Como base fundamental de defensa, el doctor Jaua, procura descargar la responsabilidad de la “criada” Janeth Anza, expresando: que le dió instrucciones precisas de retirar de su maletín oficial, un arma de fuego que usa con legítima autoridad, junto con otros documentos que requiere con urgencia suma. Esta declaración envuelve la intención de liberarla, de la ordenada experticia indagatoria y ponerla a salvo de los cargos que le harían por un porte de arma, sin previo cumplimiento de las formalidades de ley.
No se discute si esta escueta declaración, en apretada síntesis, pueda cubrir todos los extremos y exigencias requeridos por el proceso penal. A los solos efectos de este caso, un revólver es un arma de fuego de forma visible, tamaño y proporción, cuyo sitio o lugar permanente, no debe ser un portafolio lleno de documentos oficiales, sujetos a periódica consulta. Esto sería una primera observación. La otra, requiere mayor juicio y atención: buscar y portar un arma de fuego, solo es asunto atinente a una persona técnicamente conocedora de esos menesteres.
Tampoco se descarta, que estas gestiones y reflexiones que forman una defensa, un penalista hábil y competente, puede hacer un buen uso de una coartada, que bien se sabe, es recurso de defensa inteligente, teniendo sí en cuenta, que la lógica y la verdad, no son puntales de la coyuntura de la coartada.
Las incoherencias a que se hace mención, pueden originar sistemas de penalización, aplicable a la respectiva situación. Originan injerencia en asuntos de otros Estados, restringiendo la auto-determinación. Delitos contra la soberanía inalienable y violaciones de la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario. Quien incurra en estas restricciones, de alta calificación, inhibe su opción jurídica y moral, como garante en la defensa de la dignidad de la persona, de la soberanía y de la democracia, donde no se respeta el ejercicio universal de los Derechos Humanos.
