Un tribunal penal negó el jueves la liberación del dirigente opositor Leopoldo López con el argumento que no es vinculante el pronunciamiento a favor de su libertad que realizó un grupo de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas.
El abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez declaró que la jueza Susana Barreiros descartó la solicitud de liberación inmediata hecha por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas y en consecuencia la defensa del político venezolano acudirá a una Corte de Apelaciones que a su juicio debe hacer respetar el pronunciamiento de la ONU.
«El fallo del tribunal 28 de juicio es absolutamente censurable y con el mismo la jueza Barreiros viola abiertamente la Constitución, las leyes venezolanas y los pactos internacionales en materia de derechos humanos, puesto que a pesar de lo dictaminado por el Grupo de … Naciones Unidas, a juicio de la jueza Barreiros no hubo violación de derechos humanos y alega que el dictamen de la ONU no es vinculante», dijo Gutiérrez, citado en un comunicado.
Adelantó que de inmediato los defensores de López informarán a la ONU de este fallo preliminar para que ese organismo «haga seguimiento y reitere su decisión y la obligatoriedad del acatamiento».
De inmediato no estuvo disponible el dictamen del tribunal. Los tribunales suelen pronunciarse por escrito días después de emitir un dictamen o cualquier pronunciamiento legal. El tribunal, que estuvo varias semanas sin funciones, reanudó el miércoles su actividad.
El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU consideró que López es víctima de una «detención arbitraria» y pidió su liberación, según documento que difundieron en octubre los abogados del dirigente detenido. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos posteriormente reiteró el pedido.
López, detenido desde febrero en una cárcel militar, enfrenta desde hace más tres meses un juicio sin que se le haya permitido hasta el momento a su defensa la presentación de pruebas ni testigos. Fue acusado en abril por la Fiscalía de promover hechos violentos para desestabilizar al gobierno.
De ser declarado culpable podría enfrentar una condena de hasta 13 años de prisión, según estimaciones de la Fiscalía.
