En la noche del 14 de abril, mientras la localidad de Chibok comenzaba su sueño, un sonido sobresaltó a Enoch Mark. Con el primer ruido de explosiones, Mark, con su mujer y cinco hijos, emprendieron la huida del lugar, mientras milicianos de Boko Haram convertían esta localidad del noreste de Nigeria en una pira funeraria improvisada.
Atrás quedaría su hija mayor, una de las más de 200 jóvenes secuestradas por el grupo armado en el internado donde preparaba sus exámenes. El asedio duró seis horas.
Ahora, más de siete meses después de este crimen, la cantinela vuelve a repetirse. En la noche del jueves al viernes, milicianos de Boko Haram regresaban a esta ciudad para acabar con la vida de varios de sus habitantes. Mark asegura que miembros del grupo terrorista aún continúan en la ciudad. De igual modo, en conversación telefónica con ABC, Asabe Kwambura, directora del centro atacado en abril, confirmaba el nuevo asalto, aunque no podía asegurar la presencia de milicianos islamistas en las calles de su localidad (Kwambura huyó hace días de la ciudad y Chibok se encuentra en las últimas horas sin red telefónica)
No sería la primera vez. Como reconocen a este diario desde el comité de ancianos de la localidad, al menos once padres de las «niñas de Chibok» han perdido la vida desde el secuestro de las menores. Siete de ellos, en un ataque islamista hace tres meses.
Ante este desgobierno, el ojo por ojo comienzo a multiplicarse entre la población. Esta semana, una patrulla ciudadana compuesta por dos centenares de cazadores y vigilantes liberaba la ciudad de Mubi, en el estado de Adawama, en manos de Boko Haram desde hacía dos semanas. En el enfrentamiento, fallecieron al menos 75 presuntos miembros del grupo terrorista.
Unas agresiones, que demuestran la falta de confianza de la población local en las medidas tomadas por el Ejecutivo en su lucha contra Boko Haram. Ya en mayo, al menos 100 presuntos miembros de la milicia islamista fallecían tras una ola de ataques protagonizados por patrullas ciudadanas en la localidad de Kalabalge, situada a apenas unos kilómetros del epicentro del rapto de Chibok.
Las matanzas comenzaron después de que una turba armada atacara dos camiones con simpatizantes del grupo armado.
La cuestión es: ¿Quién vigila a los vigilantes?
Crece el ojo por ojo
Solo en la primera mitad del año, el incremento de los ataques de la milicia islamista de Boko Haram, así como las represalias incontroladas de las fuerzas de seguridad provocaron la muerte de más de 2.000 personas al noreste Nigeria (más de la mitad de los cuales, civiles).
Entre las principales matanzas documentadas, la ocurrida el pasado 14 de marzo, cuando milicianos de Boko Haram atacaron un complejo militar en Maiduguri, en el Estado de Borno, liberando a varios presos. Posteriormente, una vez recuperado el control por el Ejército, cerca de 600 detenidos (en su mayoría desarmados) fueron ejecutados extrajudicialmente en varios lugares de Maiduguri.
El caso no es nuevo. Ya a finales de 2012, Amnistía Internacional denunciaba las «graves violaciones de derechos humanos» en la guerra contra la milicia islamista Boko Haram.
En el informe -«Nigeria: Trapped in the cycle of violence»-, la organización condenó entonces la detención arbitraría sin cargos de «cientos de personas acusadas de vínculos con Boko Haram», así como «las ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzosas» llevadas a cabo por las fuerzas armadas.
De igual modo, recordaba a las dos partes en conflicto que «hay un círculo vicioso de violencia actualmente en Nigeria» y «el pueblo nigeriano está atrapado en medio».
