En la actualidad el Comité de Postulaciones Electorales, constituido por diputados de la Asamblea Nacional y miembros de la sociedad civil, tienen la misión de elegir a tres nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, que sustituirán a la actual presidenta Tibisay Lucena, la vicepresidenta Sandra Oblitas y el presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, Vicente Díaz.
Especialistas en materia política y comicial aseguran que este es el primer paso para iniciar un proceso de reestructuración, que tenga como meta principal generar un clima de confianza entre los venezolanos, ya que más de la mitad del país no confía en el desempeño del poder electoral y tampoco en la legislación.
Como prueba de esta afirmación, el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (CEP-UCAB), realizó recientemente el Estudio de Opinión Pública Cuantitativo: Percepciones Ciudadanas del Sistema Electoral Venezolano, el cual tiene como objetivo base el indagar las percepciones, actitudes, orientaciones y expectativas de la ciudadanía en torno al mencionado sistema.
El mismo en su ficha técnica precisa que fue realizado por la consultora Delphos con una cobertura nacional y un universo estudiado de 1.200 personas, todas mayores de 18 años e inscritos en el Registro Electoral.
Entre los resultados más resaltantes se encuentran que «56,2% de los venezolanos desconfía del CNE; 62,6% desconfía de la Asamblea Nacional; 53,4% desconfía de la Fuerzas Armadas y 60,1% desconfía del Gobierno nacional», lo cual genera como conclusión que ninguna institución que participa directa o indirectamente en procesos electorales, goza de la confianza de la mayoría de los venezolanos.
Con respecto a las condiciones electorales 75,6% de los electores aseguran haber presenciado irregularidades durante los procesos comiciales, entre las cuales se encuentran «autoridades del Estado obligando a votar por un partido político; propaganda electoral en Instituciones del Estado y uso de automóviles del Estado movilizando gente a los centros de votación».
Entre los principales hallazgos del estudio de opinión pública realizado por el CEP-UCAB se pueden señalar que «51% de los venezolanos temen que el voto no sea secreto. 56% cuestiona la autonomía e imparcialidad del CNE. 75% asegura que las irregularidades son cotidianas en los procesos electorales, por lo cual la gente demanda que se sancionen».
Asimismo los venezolanos aseguran que las condiciones de campaña son inequitativas, pues los candidatos opositores no tienen las mismas oportunidades ni los mismos recursos que los candidatos del Gobierno.
En el marco del Seminario Internacional sobre Integridad Electoral, representantes de instituciones como el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Asamblea de Educación, Centro Carter, Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Estudios Jurídicos UCAB y Centro de Estudios Políticos UCAB, sugirieron la modificación de cinco aspectos de la actual legislación electoral.
Solicitaron básicamente, respetar la representación proporcional, regular los referendos, actualizar la normativa sobre impugnación de procesos comiciales y respetar la paridad y alternabilidad de género.
Jesús María Casal, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB, opina que el sistema electoral venezolano no cumple con los principios constitucionales de representación proporcional y de personalización del sufragio establecidos en la Carta Magna y en ese sentido se debe impulsar una modificación.
Además indicó que las reformas a la ley también deben orientarse a regular los referendos consultivos, aprobatorios y revocatorios, los cuales en la actualidad son manejados a criterio de los rectores del Poder Electoral.
Por otra parte, Evangelina Prince, directora del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, aseguró que es fundamental una reforma de la Ley Electoral que obligue a las organizaciones políticas a presentar listas paritarias y alternas en cuanto a género, colocando como ejemplo a la legislación mexicana la cual establece que el parlamento debe estar integrado por 50% hombres y 50% mujeres.
También Jennifer McCoy, directora del Programa para las Américas del Centro Carter, sugirió que se debe modificar la Ley Electoral Venezolana para garantizar la equidad y justicia en la competitividad de las elecciones.
«Eso tiene que ver en proveer y garantizar que todos los candidatos tengan acceso a los medios para dar sus mensajes, tengan acceso al financiamiento para que puedan tener una mejor competencia y por eso tenemos varias recomendaciones en este sentido», dijo.
Afirmó que se debe profundizar aún más el tema de las auditorías post electorales, para darle más transparencia a los resultados, garantizando por ejemplo que no exista duplicidad de huellas.
Finalmente Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, advirtió que de no tomarse en cuenta todas estas recomendaciones, «el país no puede darse el lujo de hacer unas elecciones, porque los resultados de cualquier proceso no tendrían la legitimidad y el aval del pueblo venezolano».
