Manifestantes y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos cerraron el lunes el aeropuerto del enclave turístico de Acapulco, en el pacífico mexicano, con la cara cubierta y armados con machetes, bombas incendiarias, picos y palas para protestar porque sigue sin conocerse el paradero de los jóvenes.
Las autoridades han ofrecido indicios de que fueron asesinados y calcinados. Los familiares no quieren aceptar que los restos calcinados hallados en varias bolsas en un río cercano al lugar de la desaparición sean los de los estudiantes de magisterio y el estado tampoco lo declara de manera oficial.
«Va a estar cerrado el aeropuerto por tres horas. Pretendemos hacerlo pacíficamente y en orden. Será simbólico», anunció a medios locales Felipe de la Cruz, padre de uno de los desaparecidos y portavoz de la protesta.
«Van a llegar vuelos, no van a salir vuelos por tres horas. Con 43 desaparecidos no pasa nada por tener que esperar una hora en el aeropuerto», agregó.
Los accesos por carretera al aeropuerto están cerrados por los autobuses en los que se desplazan los manifestantes, los turistas y viajeros caminan con sus maletas en las manos. Las puertas del aeropuerto se encuentran cerradas.
La manifestación se desarrollaba pacíficamente y sin impedimentos por parte de la autoridad pese a que los familiares no cumplieron la petición de la policía de abandonar los objetos que portan.
Rogelio Ortega, gobernador del estado de Guerrero, dijo en rueda de prensa que no reprimiría la marcha. «Antes prefiero renunciar», dijo.
Cruz justificó la presencia de los machetes y cócteles molotov porque debe cuidarse la identidad de los estudiantes supervivientes que se manifiestan. «Las armas son para defenderse de quien ya mató a 43 estudiantes porque tenemos miedo a la represión del Estado», dijo.
El Procurador General de la República Jesús Murillo Karam dijo el lunes a la cadena Televisa que los estudiantes siguen «en calidad de desaparecidos», que se investigan «todas las pistas que se les ofrecen» y que al estado «le interesa la presencia en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos» en la línea de lo reclamado por los padres de los estudiantes.
Murillo también dijo que los restos humanos hallados en el río a finales de octubre aún no salido hacia la Universidad de Innsbruck, en Austria, donde se les realizarán pruebas de ADN que tampoco ofrecen garantía de identificación. «No nos ha dicho que se pueda, pero sí que es una posibilidad», dijo el funcionario.
Las pruebas, que pueden dilatarse durante meses, deberán ser confirmadas por otro estudio en una universidad española que no especificó.
Murillo especificó que, mientras tanto, existen órdenes de aprensión contra «12 o 13 autores materiales que siguen en libertad» y que le da credibilidad al sádico relato ofrecido por tres de los autores materiales confesos que fue hecho público la semana pasada.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, que se encuentran en prisión y fueron, según Murillo quienes dieron la orden de hacer desaparecer a los estudiantes, se acogen a su derecho a no declarar.
Murillo dijo el viernes que hechos como los de Iguala, «marcan el sexenio de cualquier país» en alusión a los seis años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
La policía, actuando bajo órdenes del alcalde de Iguala en coordinación con un grupo de narcos, abrió fuego contra un grupo de estudiantes normalistas que habían ido a la ciudad a recaudar dinero tras apropiarse de algunos autobuses el pasado 26 de septiembre. Seis personas murieron en dos ataques distintos de la policía, tres transeúntes y tres estudiantes.
Los 43 alumnos restantes fueron detenidos por la policía y llevados a la estación policial de Iguala. Allí los policías se los entregaron a los narcotraficantes, que los subieron a un camión de carga de tres toneladas y a otro vehículo menor y los llevaron al basurero municipal, donde les dispararon y prendieron fuego.
