La Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos en el estado Lara (Sundee) ofreció este sábado en las instalaciones de la Base Área Vicente Landaeta Gil el primer parte del operativo Navidades Felices, implementado por el Gobierno nacional desde el 1° de noviembre.
Katty Yánez, encargada de la Sundee, indicó que todo lo decomisado es producto de las retenciones realizadas por las Fuerzas Armadas Nacionales en los puntos de control, además de los allanamientos efectuados por la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional”.
Se trata de 52,6 toneladas de alimentos, más de 84 toneladas de cemento y 3.820 productos diversos para transporte (aceites, lubricantes, grasas, rodamientos, material para las piscinas).
Estos productos circulaban sin factura de procedencia y en el caso de los alimentos, sin la Guía Sada o de movilización.
Yánez indicó que con los artículos se beneficiará a la Misión Transporte con 3.820 productos, Misión Vivienda con las 84 toneladas de cemento, Panaderías Venezuela con 3.750 kilos de harina de trigo, Porcinos del Alba con 8.460 kilos de alimentos para animales. Corpolara se encargará de distribuir ente las bases de misiones casi 30 toneladas en alimentos. Lácteos Los Andes cargó con nueve toneladas entre azúcar y melocotones en almíbar. Los productos para las piscinas servirán al Ministerio para el Deporte.
Los organismos citados compran estos decomisos para luego distribuirlos al pueblo, explicó la encargada de la Sundee.
“Se les hace su acta de entrega con el costo total. Depositan el pago en la cuenta del Fondo de Eficiencia de la Administración Pública del Ministerio de Planificación. El acta detalla cada uno de los artículos”.
A la fecha, la Sundee ha realizado 31 fiscalizaciones, 61 supervisiones, 13 ventas supervisadas, 2 ocupaciones temporales, 8 conformidades y 5 actuaciones en continuación. Los ilícitos más frecuentes son márgenes excesivos de precios, inconsistencia en el inventario, para un total de multas que ascienden a las 5.300 U.T. lo cual se traduce en 673.100 bolívares.
Las sanciones son ajuste inmediato del precio más la multa y la ocupación temporal para adecuar a la administración en el caso de inconsistencia en el inventario. El plan con la economía informal será hasta el 15 de noviembre, es decir, la venta supervisada y venta al precio justo. Luego del 15, a quien encuentren revendiendo, se procederá al decomiso de la mercancía y a las sanciones, multas o privativa de libertad.
Mercal a cielo abierto
En la comunidad de San Francisco, al oeste de la ciudad, se realizó un mega Mercal a cielo abierto como parte de la Misión Alimentación. Se distribuyeron 30 toneladas de alimentos que beneficiaron a 1.153 familias. Los usuarios, quienes madrugaron, amanecieron en el sitio o realizaron larguísimas colas, compraron artículos de Pdval, Los Andes, Porcinos del Alba, Venalcasa y Verduras.
Intervienen cadena de zapaterías FLB
El superintendente nacional de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, informó que fue intervenida la cadena de tiendas Corporación FLB por incurrir en la violación de la Ley de Precios Justos, al vender calzados con un margen especulativo hasta de 562%.
Desde una de las zapaterías ubicada en Caracas, el funcionario precisó que la tienda tiene un inventario de 235.000 pares de calzados, para ser distribuidos en las 30 tiendas existentes a nivel nacional, que pretendían venderse con sobreprecio.
«Un gobierno que cumple con la ética y la obligación de aumentar el salario, también tiene el deber de salir a la calle a defender el salario de la especulación», expresó Méndez, quien agregó que desde el primero de noviembre la superintendencia está realizando un despliegue en todo el país, en los que se han encontrado con casos de acaparamiento de insumos médicos, por ejemplo, e importantes márgenes especulativos en los precios.
Indicó que a partir de la semana próxima la Superintendencia junto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana entrará a los centros comerciales.
Indicó que en las próximas horas se hará una segunda visita a vendedores de la economía informal, para cumplir con la resolución que les prohíbe la venta de productos de la canasta básica.
