Después de diez años Venezuela compareció ayer ante el Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza, a fin de presentar, en el caso de las ONGS, un informe alternativo que trata sobre la aplicabilidad de los artículos comprendidos entre el 1 y el 16 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes en el país.
Así lo explicó Andrés Colmenares, miembro de la organización Funpaz, quien además expresó que el referido informe fue diseñado por 12 instituciones no gubernamentales, con apoyo y aval del Comité de Familiares de Víctimas (Cofavit).
Apuntó que el informe no se centra en casos particulares, sino en la violación de derechos humanos. Agregó que sólo en 2014 han recogido 2.300 denuncias en Venezuela.
Violación al derecho de libre tránsito, libre pensamiento, comunicación, alimentación, protesta pacífica y a la vida, son algunas de las transgresiones expresadas en este texto.
Solicitan se le curse una invitación formal al país al relator de derechos humanos de la ONU.
Es de recordar que el Estado venezolano ha negado la entrada a la referida figura y a miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Casos en Lara
El documento recoge más de 400 casos larenses, de privación ilegítima de libertad, que se encuentran actualmente bajo régimen de presentación.
Allí estarían incluidos los detenidos del caso Cantv, quienes estuvieron 47 días privados de libertad; Gaitano Costa quien denuncia tortura en el Destacamento Militar y las damas que denuncian les cortaron el cabello mientras permanecían detenidas, entre otros maltratos.
Funpaz también reivindica el derecho de la denuncia al Estado venezolano, ante el Ministerio Público, en casos que datan de 2013, como el joven impactado en su rostro con cinco perdigones y otros detenidos durante actos de protesta en abril, posterior a darse a conocer los resultados de la elección presidencial.
Retardo procesal
Colmenárez indicó que ven con gran preocupación el retardo procesal aplicado en diversos casos, por parte del Gobierno, a fin de negociar con los acusados la reducción de las penas y cambio de la imputación por trabajo social, esto con el propósito de reducir los índices de denuncias.
A este respecto, agregó que a pesar de la particularidad del caso de Jimmy Torres, quien fue condenado a cinco años de prisión, luego de una presunta negociación de los cargos, no prescriben las violaciones de privación ilegítima de libertad e incomunicación del detenido.
