La temática legal marca con incertidumbre al sector inmobiliario. Tal apreciación fue compartida la mañana de ayer durante el foro Actualidad legal en el sector inmobiliario, celebrado en el Colegio de Abogados de Barquisimeto y organizado por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.
La actividad contó con la participación de los especialistas en Derecho Inmobiliario, Oswaldo Ablan y Teresa Borges, además de la disertación del presidente del ente organizador Aquiles Martini, quien trató sobre las proyecciones del sector inmobiliario en el contexto actual.
Al respecto, refirió que el gremio se enfrenta a vacíos legales que generan desconfianza en el sector y por tanto desinversión. Entre estos mencionó la falta de reglamentación para la aplicación de la Ley de Arrendamiento para locales comerciales.
En este sentido, Martini acotó que para la recuperación del sector se requiere de tierras urbanizadas, materia prima, financiación y leyes que sean estimulantes al mercado.
Sobre la situación inmobiliaria en Lara agregó que se aprecia un mercado distorsionado, con muy baja oferta, que incluso ¡ncumple con lo establecido en la ley. Distorsión causada por los mismos índices inflacionarios y que se hace presente por un modelo económico que “lamentablemente” no ha sido el más exitoso.
Los errores en ley
Sobre los aspectos legales del mercado de arrendamiento expuso Oswaldo Ablan, corredactor de la ley de 1999, que ya no se encuentra en vigencia.
Al realizar una comparación entre ambos textos apuntó que la vigente sostiene fallas grave en el planteamiento del procedimiento judicial, ya que toma el método oral, que conlleva a que los días de despacho sean 202, lo cual haría que la resolución tarde hasta dos años.
Destacó que en la ley del año 1999 se establecía un procedimiento breve que, de agotarse todas las instancia, podía tomar seis meses de despacho.
Agregó que los conflictos en materia de arrendamiento inmobiliario no son complejos, ya que en su mayoría tratan de falta de pago, subarrendación sin autorización o cambio en el uso del inmueble.
A esto suma que en la ley se establecen numerosas intervenciones de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee), lo cual genera un procedimiento administrativo que debe consustanciarse, tramitarse y decidirse, lo que también es susceptible de impugnación, para pasar a los tribunales contenciosos administrativos y demorar aún más el proceso, por condiciones prejudiciales.
Al consultarle si cree que la Sundee está en capacidad de atender este tipo de casos, respondió que la amplias competencia del organismo sólo le permiten atender lo prioritario, como alimentos y medicinas, sin entonces controlar asignaciones como el mercado inmobiliario.
“Requeriría de una gran estructura. En materia de arrendamiento y uso comerciales, crearon la Unidad Responsable de la Supervisión y manejo de esta, pero se trata de una dependencia conformada por tres personas”, comentó Ablan, quien desconfía que puedan dar atención oportuna a este gremio.
