El problema no es lo que dicen las encuestas, sino la situación real que causa esos números dramáticos para el gobierno, débil y asustadizo, que inventa guerras para amenazar a todo el mundo, sin darse cuenta de que el mal que lo agobia está en sus propias decisiones e indecisiones, y en su contumacia en sostener, a pesar del tsunami de evidencias en contrario, una concepción hegemónica del poder que excluye a la mayoría de los venezolanos.
Hace poco, el vocero oficial de las posiciones más insensatas, declaró como si se tratara de la nueva versión del ¿Qué hacer? de Lenin, que “Las empresas de la Revolución no pueden estar en manos de escuálidos”. Ignora este cronista a quien se refería y, a juzgar por sus antecedentes, no puede presumírsele buena intención, pero la frase en sí es una muestra de grave incomprensión de la realidad. Primero, las empresas del Estado son de todos los venezolanos y no “de la Revolución”, segundo, deben ser manejadas por venezolanos capaces y honestos, independientemente de sus opiniones políticas. La rotación infinita de ejecutivos fracasados de puesto en puesto, genios inéditos que por lo visto sirven para todo y saben de todo, es la que ha producido los resultados que están a la vista.
Históricamente exportadores de petróleo, fundadores de la OPEP y etcétera, por primera vez importamos crudo, y ya antes habíamos logrado ser importadores netos de combustible. Logros de la revolución comparables al de ser importadores de café luego de quinientos años, por vez primera desde que los españoles trajeron la matica por aquí.
Escasean las medicinas, los alimentos, los vehículos, los repuestos automotores, entre otras cosas. Tenemos la más alta inflación del planeta y, según el economista Pedro Palma, todavía crecerá más en 2015. Escasez y precios altos son, dice el gobierno, saldos de la “guerra económica”. Esta semana se sumó a los buhoneros a la larga lista de “enemigos”. ¿Cómo explicar entonces que escaseen, y la corrupción especule con ellos, el cemento y la cabilla? Ambos son producidos por el gobierno, cuyas industrias estatizó y puso en manos de gerentes de camisa, gorra y cerebro rojos. Como los petroleros. Los de Sidor recibirán ahora 5.583 millones de bolívares para diseñar y construir un complejo siderúrgico, tarea en la que están desde 2006.
Se anuncia una “Refundación policial” por parte de la nueva Ministra del Interior, y “Revolución policial” por parte del Presidente. Una revolución refundadora, pues. Rara promesa cuando se lleva quince años gobernando y los que van a refundar son los mismos que designaron a las directivas anteriores del CICPC y crearon la PNB.
Se acosa a las universidades privadas, luego de asfixiar a las nacionales autónomas. Una campaña se lanza para desprestigiarlas sin detenerse en analizar su aporte a la formación de venezolanos y las condiciones que han de enfrentar cotidianamente con heroísmo. ¿Cuál es el rendimiento de esas universidades y cual el de las creadas por el gobierno? ¿Cuáles profesionales tienen más demanda?
Pero el país tiene muchas energías. Medio millón de pequeñas empresas no se rinde, a pesar de ese cuadro tremendo de inflación, escasez e incomprensión oficial que las acosa. Veo empresarios que luchan cada día por mantener sus santamarías arriba. Veo gente que estudia. Veo alcaldes trabajando y generando soluciones, en medio de dificultades e, incluso, las manipulaciones sectarias del poder contra ellos.
Ese es el cuadro, el de un país que lucha contra la adversidad. La vencerá.
¿Qué se busca?
¿Qué tienen que ver con la Constitución los tratos inhumanos a los presos políticos? Que no se reciba a la CIDH. Que no se pronuncien los jueces sobre recomendaciones de organismos de Naciones Unidas. Que se persiga a diputados. Que se amenace a alcaldes. ¿Qué se busca? ¿Es profundizar la división entre venezolanos, promover el odio y radicalizar la lucha política una estrategia del gobierno?
