La destitución de Miguel Rodríguez Torres como ministro de Interior y Justicia levantó la ceja de muchos quienes han venido afirmando la responsabilidad del Ejecutivo nacional en dar cabida y amparo a la actividad, presuntamente delictiva, de los colectivos armados.
El anuncio hecho por el presidente de la República el 24 de octubre pasado no justificó la medida, pero coincidió con la suspensión, «por motivos de seguridad», de una marcha de colectivos que iría hacia su despacho a exigirle la renuncia, tras la muerte de cinco de sus miembros en los hechos del 1° de octubre en Quinta Crespo.
El propio Colectivo 5 de Marzo, el más activo en demandar a Rodríguez, alardeó de su influencia cuando escribió en Twitter: “¡Logramos parte de la victoria!».
Para el ciudadano común, a partir de este escenario surgen muchas preguntas, comenzando por ¿quiénes son estos grupos y por qué tienen tanto peso?
A ello intenta responder el criminólogo y asesor en materia de seguridad ciudadana, Fermín Mármol García.
Estados paralelos
«En los últimos 15 años Venezuela ha vivido tres grandes tragedias que han determinan la situación de violencia actual.
La primera, la falta de continuidad en la gestión pública en seguridad ciudadana, que hace que en 15 años hayamos tenido trece ministros; segundo, la politización del tema, que ha traído la exclusión de las mesas técnicas de quienes pueden ayudar pero no coinciden con la lógica partidista; y en tercer lugar esta la creación de los micro-Estados, pequeños estados paralelos que co-habitan en Venezuela conjuntamente con el Estado», manifestó.
«Los colectivos armados son unos de los cuatro que yo he identificado», sentenció Mármol García.
-¿Qué sustenta esta clasificación?
-Son fuerzas parapoliciales o paramilitares, aquellas que ejercen funciones similares a las de los policías y militares: deciden toques de queda, hacen control territorial, censan a las personas, portan armas de fuego visibles, resuelven problemas de inquilinato e incluso de pareja, hacen desalojos… Es decir, son policías, fiscales, jueces y a veces hasta verdugos.
Pero más allá de eso, lo hacen con el amparo del Gobierno, porque se autodefinen como guardianes del proyecto político gobernante y hasta ahora no han sido desmentidos, lo que se traduce en que, en todo o en parte, el gobierno nacional así los reconoce.
Mármol García sostiene que estos grupos tienen presencia en al menos 150 parroquias del territorio nacional, el 10% de las 1.500 que hay en el país.
«En muchas de estas no es un solo colectivo sino varios. Eso es un micro-Estado que ha dañado el clima de paz, de convivencia ciudadana y respeto a las leyes y la autoridad», acotó.
Los otros «micro-Estados» que define el especialista son la «república de los pranes», los grupos irregulares como el FBL, y uno nuevo: las mega bandas criminales.
«Se trata de la constitución de grupos de 50 individuos o más, asociados para cometer delitos con la utilización de armas cortas y largas. Eso lo tenemos por ejemplo en los ejes de Barlovento, Valles del Tuy y Aragua-Carabobo», explicó.
-¿Ha encontrado alguna relación entre estas bandas y los colectivos?
-No. Ciertamente hay unas que se autodenominan colectivos, pero sólo de boca, porque en realidad no son reconocidas como tal.
Esas mega bandas no tienen relación en su estructura y filosofía con temas políticos revolucionarios, como sí lo tienen los colectivos. Sin embargo se aprovechan de circunstancias, como por ejemplo el Plan de Pacificación, para fortalecerse.
Una sola cara
-¿Qué lectura le da usted al conflicto entre los colectivos y el CICPC que se evidenció con el enfrentamiento en Quinta Crespo, y sobretodo a las señales que indican que en esa medición de poderes el grupo fuera de la ley prevaleció sobre la institución?
-Para analizar este asunto es fundamental considerar la percepción pública que ha dejado, y lo que observa la sociedad venezolana es que los malos ganaron la batalla, que el CICPC perdió la batalla contra el crimen y los colectivos tienen una mayor patente de corso y protección gubernamental. Tal vez no sea eso lo que sucedió, pero la percepción ya es grave.
Por otro lado, pudiera tratarse realmente de un hecho de violación de derechos fundamentales por parte de los funcionarios, pero llama mucho la atención que este sea el único rostro que se ha mostrado. Y ¿donde está la investigación sobre el secuestro de tres policías por parte de los colectivos?, ¿se está haciendo algo para constatar si ese grupo tiene armas ilegales, o para determinar las causas que llevaron al CICPC al edificio Manfredi? ¿Qué pasó con la investigación primaria que señala que los colectivos estaban incursos en delitos de secuestro, homicidio y robo de vehículos? Sobre esto nadie ha dicho nada y eso es grave.
-¿Cree usted que exista alguna intencionalidad del Gobierno en la situación de violencia y criminalidad que domina al país?
-Después de 15 años hay dos tesis: Uno, que fue una política gubernamental auspiciada por el gobierno, y dos: que el tema nunca fue una prioridad. Si tuviera que elegir, diría que la segunda. Chávez siembre se enfocó en objetivos políticos: cambiar la Constitución, crear la alianza con los países no alineados, perpetuarse en el poder, y la prueba esta en que el tema nunca estuvo en su discurso y además en las deficiencias presupuestarias de los órganos dirigidos a combatir el crimen.
Por su parte, cuando veo la realidad de Maduro (la caída del precio del petróleo, la economía), pienso que la seguridad ciudadana no puede estar en su mente.
