La guerrilla comunista de las FARC admitió este jueves por primera vez que sus acciones armadas han afectado a la población civil colombiana -y no sólo a las fuerzas militares- y se declaró dispuesta a asumir su responsabilidad con las víctimas.
«Reconocemos explícitamente que nuestro accionar ha afectado a civiles en diferentes momentos y circunstancias a lo largo de la contienda», armada de medio siglo, dijo la guerrilla en un comunicado leído a la prensa por su dirigente «Pablo Atrato», en el marco de las negociaciones de paz de La Habana.
«Las FARC asumiremos responsabilidad en lo que nos concierna», agregó Atrato, uno de los cuadros de las FARC que se integraron hace pocos días al diálogo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, iniciado en noviembre de 2012.
Las FARC habían reconocido por primera vez el 20 de agosto de 2013 su cuota de responsabilidad por las miles de víctimas del conflicto colombiano, pero ésta es la primera vez que admiten explícitamente que han afectado a la población civil.
En esa ocasión, el comandante Pablo Catatumbo dijo: «Sin duda también ha habido crudeza y dolor provocados desde nuestras filas».
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla de ese país con unos 8.000 combatientes, hicieron este reconocimiento mientras discuten con la delegación del gobierno colombiano el sensible tema de la reparación a las víctimas, cuarto de los seis puntos de la agenda.
«No han sido el blanco»
«Como fuerza político-militar beligerante en el conflicto social y armado desarrollado en Colombia desde hace más de 50 años, es evidente que hemos intervenido de manera activa y hemos impactado al adversario y de alguna manera afectado a la población que ha vivido inmersa en la guerra», expresó Pablo Atrato.
Sin embrago, el líder guerrillero precisó que «la población no ha sido, ni blanco principal ni blanco secundario de las acciones defensivas u ofensivas de nuestras estructuras armadas. Es decir, nunca ha existido en las FARC una política de determinación subjetiva para la victimización sistemática y deliberada contra la población».
Y afirmó que en los casos en que «miembros de la insurgencia han causado daños intencionalmente a la población civil, siempre hemos actuado consecuentemente, adoptando medidas sancionadoras contra los responsables», pero no dio detalles.
El conflicto armado de Colombia ha dejado unos 220.000 muertos, en su mayor parte civiles, y 5,3 millones de desplazados por la fuerza, según cifras oficiales.
El gobierno de Santos sostenía desde hacía tiempo de que las FARC debían reconocer abiertamente su responsabilidad en los daños a civiles y asumir el compromiso de reparar a las víctimas.
«El gobierno ya lo ha hecho (…), las FARC deben hacerlo también de manera más categórica», «sin excusas ni reticencias», había dicho en referencia al reconociemiento de responsabilidades el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, al cierre del anterior ciclo de pláticas de paz, el 3 de octubre pasado.
Santos había reconocido
El 25 de julio de 2013 el presidente Santos reconoció por primera vez la responsabilidad del Estado colombiano en «graves violaciones» de los derechos humanos durante el conflicto armado, al hablar ante la Corte Constitucional para defender una reforma jurídica en el marco del proceso de paz.
«El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto armado interno», expresó entonces Santos.
Para abordar el punto de la reparación a las víctimas, las delegaciones de las FARC y del gobierno han recibido en La Habana a grupos representativos de los abusos sufridos, desde un hombre cuya familia murió en la masacre de Bojayá, como se conoce al ataque de las FARC en 2002 contra una iglesia en la cual se habían refugiado los habitantes de ese pueblo, hasta la madre de un joven discapacitado que fue ejecutado por integrantes de la fuerza pública.
Atrato es uno de los 18 comandantes y prominentes cuadros de las FARC que llegaron hace pocos días desde Colombia a Cuba, luego que la guerrilla renovara parcialmente su equipo negociador y designara a otros a la nueva «subcomisión» de desarme, que trabajará en conjunto con militares colombianos.
Hasta ahora ambas partes han consensuado los puntos de reforma rural, participación política y drogas ilícitas. Además de víctimas y desarme, falta consensuar el mecanismo de refrendación de un eventual acuerdo de paz.
