«El delito en Venezuela se ha convertido en una industria paramilitarizada», afirmó este miércoles el presidente de Copei, Roberto Henríquez.
Al referirse al hecho de que los antisociales que victimizan a la población lo hacen provistos de armamento militar cuya tenencia, producción y distribución es única y exclusivamente responsabilidad del Estado.
A juicio del dirigente copeyano, una prueba de esta afirmación es la destitución del ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, medida que no ha sido justificada ningún personero del Estado y que hace suponer la presión ejercida por los grupos «colectivos» . Las declaraciones fueron emitidas frente a la sede del MIJ, que hoy ocupa la exministra de la Defensa, Carmen Meléndez. Acudió a esta institución para presentar una propuesta de plan de seguridad ciudadana «humanista, para la vida, los bienes y la paz».
«Los planteamientos van desde identificar con códigos todas las municiones que produce Cavim, despolitizar los organismos, buenos sueldos, implementos de trabajo y formación adecuada para los policías”.
