Mafias incrustadas, comisión de delitos, pocos efectivos en las calles, bajos salarios: el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció una «revolución policial» que incluye una reforma y depuración, tarea pendiente a pesar de numerosos planes de seguridad implementados por el chavismo.
En un discurso pronunciado la noche del martes, Maduro prometió una «profunda depuración del sistema policial» de Venezuela, el segundo país más violento del mundo con una tasa de homicidios de 53 por cada 100.000 habitantes, según la ONU.
Este anuncio se produce a raíz de la conmoción desatada por el asesinato, a principios de octubre, del joven diputado chavista Robert Serra y de que se descubriera, según las investigaciones, que dos policías en actividad que se encargaban de su seguridad habrían participado en el crimen.
El problema de la inseguridad, junto con el deterioro de la economía, es el que más preocupa a los venezolanos y se ha agudizado en los últimos años, pese a los más de 20 programas que en la materia puso en marcha el chavismo, en el poder desde 1999 y al que opositores acusan de ser el principal responsable de este deterioro.
En el marco de una gran reforma en 2006, en Venezuela quedaron constituidos 85 cuerpos de seguridad, tres de ellos nacionales -policía nacional, científica y de inteligencia- y 82 estatales y municipales.
Desconfianza y poca supervisión
En Venezuela, el ciudadano de a pie teme al policía. Son numerosas las denuncias de uniformados que piden dinero por una simple infracción de tránsito. Incluso algunos policías han sido condenados por secuestro y hasta de asesinato, como ocurrió en 2006 con tres hermanos y su chofer y luego con un empresario ítalo-venezolano.
Para Luis Gerardo Gabaldón, criminólogo y exmiembro de la comisión de reforma policial, el mayor problema es la falta de supervisión de las policías y prueba de ellos es que numerosos oficiales están involucrados en delitos y 90 han sido asesinados en lo que va de 2014 por presuntamente tener nexos con el crimen.
«En las policías hay un problema que tiene que ver con el desempeño e involucramiento de oficiales en delitos y se debe a la falta de supervisión desde la base», aseguró Gabaldón a la AFP.
Otra debilidad señalada por el experto, mal de muchas policías latinoamericanas, son los bajos salarios, ya que el miembro de menor rango gana mensualmente 933 dólares al cambio oficial (58 dólares al cambio paralelo especulativo, que marca numerosos productos y bienes).
Un oficial de mayor jerarquía gana 1.634 dólares a tasa oficial y 103 en paralelo, según la tabla de salarios vigente.
El paso de siete ministros por la cartera de Justicia en los últimos 15 años tampoco contribuye a la «fluidez» de los cambios, añade Gabaldón.
El último cambio se registró la semana pasada luego de que Miguel Rodríguez Torres, designado en 2013, fue removido de su cargo junto con los principales jefes policiales.
Según medios locales, todo fue resultado de un incidente armado entre elementos de la policía científica con los denominados «colectivos», organizaciones sociales chavistas.
Menos calidad
En 2012 -último dato disponible-, Venezuela contaba con alrededor de 89.000 policias entre los distintos cuerpos, tres policías por cada 1.000 habitantes.
La cifra va acorde a los parámetros de la ONU, pero no es suficiente para los altos índices de criminalidad, señala de su lado Javier Gorriño, exfuncionario del la policía científica y criminólogo.
Esto ha empujado, señala, a que la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES) -que forma a policías de cuerpos nacionales- «no sea tan estricta» al momento de definir «el criterio de ingreso y formación» de nuevos elementos y a acortar los cursos de preparación.
Paralelamente, explica Gorriño, las policías preventivas municipales son insuficientes. «No llegan a 98 de los 335 municipios en el país», dice al subrayar que esto tiene que ver con la polarización política, pues el gobierno nacional impide la formación de cuerpos de seguridad en localidades opositoras.
Toda esta problemática aunada a los bajos sueldos ha generado el retiro y migración de policías a otros oficios relacionados con la seguridad donde son mejor remunerados, como el trabajo de guardaespaldas.
