Activistas venezolanos de derechos humanos advirtieron el lunes que el gobierno de Venezuela practica la exclusión política al restringir derechos como la huelga y las manifestaciones públicas.
Los activistas expresaron además su preocupación ante las perspectivas de que durante 2015 se agudice lo que califican como un importante deterioro en la protección de los derechos humanos que ya sufre el país.
The Associated Press solicitó un comentario a la embajada venezolana, sin recibirlo de inmediato.
En una conferencia de prensa en la sede de la organización Human Rights Watch, el director del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Marino Alvarado, dijo que «si avanza la exclusión por razones políticas, se restringe la democracia. Si le sumas exclusión social, hay un país con menos libertades pero más pobreza».
Señaló que la tasa de pobreza aumentó 6% en 2013 y que probablemente siga en alza este año.
«Hay un deterioro de los derechos sociales de la población venezolana, y hay un deterioro de sus derechos civiles y políticos», agregó.
Protestas callejeras registradas en Venezuela durante el primer semestre de 2014 dejaron un saldo de 43 fallecidos, unos 800 heridos y miles de detenidos, de los cuales aún permanecían arrestadas unas 49 personas a comienzos de octubre, según registros de la Fiscalía General.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro desestimó las protestas y denunció que forman parte de un plan para un «golpe de Estado».
Los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) promovieron un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición que no prosperó debido a fuertes divergencias entre las partes y la posibilidad de que el gobierno y la oposición retomen las conversaciones no se vislumbra por el momento.
Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de las Victimas señaló en la rueda de prensa que su organización ha contabilizado 823 presuntas ejecuciones judiciales en lo que va de año, un incremento a las 669 que registró en 2013.
«Se ha ido desmantelando el estado democrático y reemplazado con una institucionalidad promotora de violencia e impunidad», agregó.
Los activistas se encuentran en la capital estadounidense para asistir a las tres audiencias sobre Venezuela que el martes celebrará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Venezuela participa en las audiencias de esa comisión, basada en Washington, pese a que en 2012 decidió denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual imposibilita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basada en San José, Costa Rica, a conocer presuntas violaciones de las que se acusa al Estado venezolano a partir de 10 de septiembre del 2013.
