El Gobierno venezolano expresó este miércoles su profundo rechazo ante las declaraciones emitidas por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en relación a los casos de Leopoldo López y Daniel Ceballos, por considerarlas injerencitas, falsas e infundadas.
Días atrás, Zeid Ra’ad Al Hussein exhortó a las autoridades venezolanas a liberar inmediatamente a López y Ceballos.
Ante este hecho, la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la ONU-Ginebra consignó una Nota Verbal ante la mencionada Oficina, por instrucciones del ministro para Relaciones Exteriores, Rafael Ramírez, refiere un boletín enviado por la delegación diplomática.
«El Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha hecho señalamientos que lesionan la dignidad y el decoro, los cuales deben ser preservados en las relaciones con los Estados soberanos miembros de las Naciones Unidas», reza la nota verbal.
Asimismo, la nota indica que la resolución que creó la Oficina del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos exige un desempeño «imparcial, objetivo, no selectivo y eficaz de las funciones de ese alto funcionario».
La Cancillería venezolana destaca que «en cumplimiento de la vindicta pública tales ciudadanos (López y Ceballos) están siendo juzgados, en el marco del Estado de Derecho, por sus actuaciones delictivas en perjuicio de la paz y la estabilidad de la República».
Para el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, estas declaraciones de Zeid Ra’ad Al Hussein se inscriben «en la manipulación mediática internacional (…) que ha sido denunciada por la alta dirigencia del Gobierno Bolivariano».
«Leopoldo López, actor principal del Golpe de Estado en contra del Presidente Hugo Chávez Frías, en 2002, se encontraba disfrutando de libertades plenas, gracias al Decreto de Amnistía emitido por el Presidente Bolivariano, magnánimo gesto destinado al fomento de la paz y la confraternidad entre los venezolanos y venezolanas», reza la Nota consignada.
«El Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein ha hecho señalamientos que lesionan la dignidad y el decoro, los cuales deben ser preservados en las relaciones con los Estados soberanos miembros de las Naciones Unidas», dice la Nota Verbal.
Asimismo, recalca que la resolución que creó la Oficina del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos exige un desempeño «imparcial, objetivo, no selectivo y eficaz de las funciones de ese alto funcionario».
«Resulta preocupante que el Alto Comisionado pretenda convertir las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en decisiones jurídicamente vinculantes que obliguen a los Estados a su inapelable cumplimiento», subraya el Gobierno Bolivariano.
Agrega que «es sorprendente e insólito que el Alto Comisionado no se haya informado o solicitado información actualizada al Estado Venezolano sobre estos casos, y se haya pronunciado políticamente, desestimando la ingente documentación sustantiva proporcionada a su Oficina».
«Durante sus dos meses de desempeño no ha hecho contacto con las autoridades venezolanas. Llama la atención, por lo tanto, que su primera actuación pública sobre Venezuela haya sido precisamente para condenar al Estado venezolano, y complacer a los sectores antidemocráticos de la oposición venezolana», sostiene el documento.
El Gobierno Nacional indica que «El Alto Comisionado y la Oficina que representa, con su proceder, lejos de actuar con ecuanimidad y sindéresis, buscan profundizar las diferencias políticas y toman partido por un sector violento de la oposición venezolana».
«El Estado venezolano ha actuado siempre en pro de la protección de la vida, del derecho a la manifestación pacífica y de la integridad física de las personas, respetando los derechos humanos y la Constitución. Las instituciones garantizan el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos a todos sus ciudadanos, conforme a las libertades consagradas constitucionalmente», añade el documento consignado por embajador Jorge Valero, representante permanente de Venezuela ante la ONU-Ginebra.
López fue detenido el 18 de marzo pasado, después de que fuera conminado por el presidente Maduro a presentarse ante la justicia. Para entonces ya era requerido por el Ministerio Público tras dirigir el 12 de febrero hechos de violencia en el centro de Caracas en los que resultaron muertas dos personas y atacadas instituciones del Estado, incluyendo la sede central de la propia Fiscalía.
Luego fue acusado por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir, como informó el pasado viernes 4 de abril la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
Este año lideró acciones desestabilizadoras en el país a través de las llamadas «guarimbas». La estrategia consiste en atentar de manera violenta y sistemática contra la paz y tranquilidad pública y provocar una actuación «represiva» de las fuerzas del Estado, para incentivar una sublevación cívico-militar, deslegitimar al Gobierno y forzar una intervención extranjera.
Actualmente, López se encuentra detenido en el centro de reclusión Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda.
Su llamado a la violencia ha dejado un saldo de 40 personas asesinadas, 31 de ellos son civiles y el resto funcionarios policiales, militares y uno del Ministerio Público (MP). Igualmente, se registran 608 lesionados, de los cuales 414 son civiles y 194 policías o militares, además de daños materiales a la Nación y al propiedad privada.
Por su parte, Ceballos, ex-alcalde de de San Cristóbal, fue detenido por desacatar el amparo constitucional que los obligaba a impedir guarimbas en sus respectivas jurisdicciones.
Ceballos cumple pena de 12 meses de prisión por negarse a garantizar el orden público y la paz. Incluso aupó públicamente las acciones de los grupos violentos en el municipio tachirense que estuvo bajo su mandato.
