Los análisis sobre la decisión de fusionar el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb) con el Ministerio de Ecosocialismo Vivienda y Hábitat, son muchos. Especialistas de diversas áreas y distintas organizaciones ambientalistas han expresado su rechazo a lo que consideran un retroceso en la gestión de políticas públicas.
EL IMPULSO conversó sobre el tema con la sociólogo Mirla Auristela Coronado González, exdirectora Estadal Ambiental en Lara (1996- 2009), ahora transformado en un viceministerio, quien al dar su opinión destacó que ese despacho tenía “el deber de resguardar los derechos colectivos y difusos de las generaciones presentes y futuras, como lo reza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. Por ende, “en lugar de fusionarse debió fortalecerse y reivindicarse”.
Al remitirse a la historia, recordó que el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables fue creado el 1° de Abril de 1977, “inspirado en el modelo francés”.
“Su visión para ese momento es eminentemente físico-naturalista y fragmentaria de la realidad, dejando al margen de su ámbito de competencia los recursos naturales no renovables ,como si unos y otros se ubicaran fuera de la dimensión ambiental. Su devenir histórico transformo su misión y visión institucional bajo una concepción holística y compartida para un uso racional de los recursos naturales en general”.
En el año 2002 su nombre fue modificado y pasó a ser conocido como Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minaba), “en cuya misión es reivindicada la variable social como eje transversal de la gestión pública en este ámbito”.
A todo ello se suma que en la carta magna de 1998, desde el preámbulo hasta sus disposiciones finales, se legitima la preexistencia del ministerio “como ente rector de la política ambiental del Estado venezolano, como el regulador de todas las actividades económicas y de población a nivel urbano y rural, que por su naturaleza impactan negativamente los recursos naturales (aire, agua, suelo, vegetación, fauna silvestre) o a la bio y socio diversidad”.
Entre las funciones del Minamb también se incluía la regulación de la explotación de los recursos naturales no renovables (minerales metálicos y no metálicos), “para lo cual se exige a los usufructuarios de la naturaleza Estudios de Impacto Ambiental predictivos y Auditorias Ambientales de carácter evaluativo”.
Además, según Coronado, tenía asignada la tamaña responsabilidad de promover la conservación ambiental o uso racional de los recursos naturales no renovables y la preservación ambiental de Áreas bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), como parques nacionales, monumentos naturales y de resguardo, por ser fuentes de agua dulce, de las selvas tropicales, los bosques naturales o inducidos, los ecosistemas marinos, sumideros de carbono, entre otras múltiples responsabilidades de carácter indelegables porque ameritan un alto nivel de formación técnico-científico y un alto nivel de compromiso ético transgeneracional”.
Sin una estrategia definida
Durante la I Cumbre Ambiental Mundial, celebrada en Estocolmo en 1972, se colocaron sobre el tapete asuntos tan polémicos como los “límites al crecimiento, impactos ambientales, costos ambientales, una sola tierra”, entre otros aspectos.
Según el PhD en Ecología, Edilberto Ferrer- Véliz, tras ese encuentro casi todos los países del mundo comenzaron a revisar sus legislaciones sobre políticas ambientales y se creó, incluso, el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA) y para el Desarrollo (PNUD).
“A mediados de 1976 Venezuela promulgó la primera Ley del Ambiente, se creó el Ministerio del Ambiente y se consagró a la Guardia Nacional como la Policía Ambiental Nacional.
Sin embargo, no se estableció taxativamente como base política, un esquema claro de conservación ambiental, que contuviera las cinco fases elementales de este proceso: Gestión, Ordenamiento Territorial, Legislación, Protección y Educación”.
En tal sentido, opinó que el país contaba con un Ministerio del Ambiente que “cumplía discrecionalmente con algunos de esos propósitos y que andaba al garete por falta de una estrategia clara y firme… una demostración de ello es que en Venezuela, el ambiente está mucho peor que antes de 1976, a pesar de las previsiones constitucionales”.
Para Ferrer- Véliz el sacudón al ministerio el necesario debido a la carencia de un funcionamiento adecuado y sin desmeritar la labor y competencias de la cantidad de profesionales que lo conforman.
“¿Por qué no funcionaba? En mi opinión carecía de estrategias definidas, era errático, improvisaba en lugar de planificar… desde que Arnoldo Gabaldón lo fundara en 1976, pocos de los ministros que le sucedieron han tenido un criterio claro de lo que es el ambiente, muchos de ellos han sido contratistas del mismo y por lo tanto con intereses contrapuestos, y nunca pudieron separar el lucro personal de la eficiencia”.
