Las presiones del gobierno para sacar de circulación a Tal Cual y arrestar a su director Teodoro Petkoff, se ha encontrado con un grupo de periodistas dispuestos a defender sus derechos al trabajo y a expresar libremente su pensamiento, y a un hombre acerado en múltiples luchas políticas y sociales, que además de conocer sus derechos ciudadanos tiene el coraje, a sus 80 y tantos años de edad, de desafiar la arbitrariedad y la tendencia totalitaria del gobierno.
En los países de regímenes totalitarios todos los medios de comunicación social son controlados por el gobierno, para impedir que los ciudadanos puedan expresar libremente lo que piensan, a través de cualquier vehículo comunicacional que esté a su alcance y disposición. El temor a la crítica en aquellos países en los que trata de imponerse un pensamiento único, los gobernantes tienden a crear las condiciones políticas, apelando incluso a la compra de poderosos medios de comunicación a través de testaferros y amenazar a los que no venden sus propiedades, para obligarlos a la autocensura ante aquellas publicaciones que consideren inconvenientes a sus objetivos dictatoriales.
La reforma de las leyes de Telecomunicación y Resorte, no sólo está orientada a censurar a Internet y a los medios radioeléctricos e impresos, sino que forman parte de una conspiración desde el gobierno para desconocer disposiciones fundamentales de la Constitución Nacional vigente, como un mecanismo para imponer un régimen totalitario. De allí la Ley Habilitante otorgada al Presidente Nicolás Maduro, fue concebida para anular en gran parte la labor legislativa de la Asamblea Nacional. Y las reformas de otras leyes tienen como objetivo darle más poder al Ejecutivo Nacional, para que el heredero del comandante Chávez amplíe sus facultades para imponernos el socialismo a la cubana, en el que destaca la ruina económica de la nación y mayor pobreza de los ciudadanos.
Por eso el Jefe del Gobierno exhorta a sus subalternos a una flagrante violación a la libertad de expresión, establecida como el derecho constitucional de todo ciudadano para no sólo expresar libremente su pensamiento, sino también hacerlo a través de cualquier medio sin previa censura, pero asumiendo la responsabilidad de lo que dice. De allí que el responsable no es el medio de comunicación, sino la persona que lo utiliza para cometer una falta o un delito, cuya calificación sólo puede hacerla un juez, y por lo tanto es a quien deben investigar. Antes de que el juez decida si hay o no delito, todos podemos hacer conjeturas, incluso del Jefe del Estado, pero nadie puede sustituir la función de los tribunales.
