Torturas y tratos crueles administrados a estudiantes privados de libertad por protestar podrían configurar un cuadro de crímenes de lesa humanidad, consideró la abogada penalista y defensora de derechos humanos, Theresly Malavé.
En referencia al más reciente caso del estudiante tachirense Carlos Villamizar, quien sufre traumatismo craneal como consecuencia de golpes bajo la custodia de la Policía Nacional Bolivariana, la jurista recordó que este tipo de hechos que se han venido repitiendo en los últimos meses parecen tener un matiz político que reviste responsabilidad del Estado.
En el caso específico de Villamizar, Malavé recalcó que es indudable la violación de derechos fundamentales por parte de los uniformados y su responsabilidad individual, así como también la de la juez «quien tenía que velar por él».
Pero más allá del ámbito inmediato, resaltó que en Venezuela existe un patrón de actuación que parece indicar un ensañamiento contra todos las personas que han sido detenidas por participar en protestas contra el Gobierno nacional. «Todos sabemos que a estos muchachos que estaban protestando se los han llevado presos y les califican los delitos de modo que se procure su detención, y los jueces cumplen las peticiones de los fiscales sin considerar los derechos constitucionales de los detenidos: velar por su seguridad, porque existan los elementos de juicio, determinar que exista peligro de fuga antes de dictar privativa, velar porque la aprehensión haya sido conforme a la Constitución», indicó Malavé.
Añadió que a esto se suma «el discurso de odio» propagado desde los medios de comunicación oficiales por la vocería del Gobierno nacional.
«Es un fenómeno que desde hace un tiempo venimos estudiando. Por una parte esta política de Estado, luego los hechos ampliamente denunciados desde el mes de febrero: las torturas sufridas dentro de las cárceles, las muertes enmarcadas en protestas opositoras… Pareciera encuadrar en el tipo penal establecido en el Estatuto de Roma como delitos de lesa humanidad, en el sentido de un ataque sistemático generalizado hacia una población civil por razones de raza, religiosas o políticas, como es en este caso», afirmó Malavé.
Incomunicados
Por otro lado, el ex decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Alberto Arteaga Sánchez, se refirió a otro comportamiento denunciado reiteradamente en los últimos meses asociado con las detenciones de jóvenes por razones políticas, como lo es la incomunicación post detención.
«Ninguna persona puede ser incomunicada, aislada y mucho menos desaparecida, aunque sea por breve tiempo. Esto evidentemente es una violación extremadamente grave de derechos fundamentales consagrados en la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal», manifestó.
«Esas situaciones no pueden ser toleradas en el marco de un Estado democrático, de justicia y de derecho. Los responsables deben ser investigados y estas prácticas deben obtener la condena más enérgica por parte de la comunidad y las instituciones del Estado», agregó Arteaga.
Director de la PNB de Táchira: A Carlos Villamizar lo golpeó otro interno
Los golpes y contusiones que presenta el estudiante de la UNET, Carlos Villamizar Guerrero, son producto de una disputa interna con otro detenido dentro del cuartel de prisiones de la Policía Nacional Bolivariana, informaron en rueda de prensa autoridades militares, policiales y del Hospital del Seguro Social.
Yhonny Campos, director de la PNB en Táchira, aclaró que las lesiones del joven Villamizar Guerrero, “se deben a una riña que sostuvo con otro detenido de nombre Ronald Alberto Gómez Gauta, de 18 años y no por agresiones policiales como lo han denunciado sus familiares”.
La autoridad policial recordó que el bachiller de 20 años de edad, no fue detenido por ser estudiantes, sino al ser sorprendido el pasado 6 de octubre en las adyacencias de la UNET cuando junto a otro grupo de personas tenían retenida una buseta de transporte público con intenciones de quemarla. Dijo que son respetuosos de los derechos humanos.
