El mandato de Nicolás Maduro está opacado por la represión, indican especialistas consultados. Sólo en su primer mes de gestión, se produjeron más de 200 aprehensiones de carácter político, la misma cifra que se registró durante los 14 años de gestión de Hugo Chávez.
El 2014 será descrito como un año sin precedentes, al menos en materia de arrestos. Según el balance de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), el 2014 cerrará con 88 presos políticos. La proyección incluye únicamente a quienes están tras las rejas.
De ese número, ocho son presos políticos del gobierno de Chávez. Los otros 80 corresponden a las protestas que se desarrollaron entre febrero y septiembre a escala nacional.
El balance incluye al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López; a los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos, además de las decenas de estudiantes.
La abogada Jackeline Sandoval de Guevara, directora de Fundepro, dice que a Maduro “lo persigue la sombra de la represión”. Aunque tiene menos tiempo que su antecesor en el poder, su mandato acumula más de 3.000 aprehensiones.
Pese a la negativa del Ministerio Público, la especialista indica que en Venezuela sí hay presos políticos.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz suele declarar que en el país no hay privados de libertad de ese tipo, pero las cifras indican todo lo contrario.
“Parecen incoherentes las palabras de la fiscal general, quien habla de que no se trata de presos políticos, sino de los que buscaban la salida del Gobierno. Se trata de una motivación netamente política, por lo tanto, cada uno de los detenidos en lo que fue esa detonación de protestas son presos políticos”, ratifica.
La legislación venezolana establece dos tipos de detenciones: cuando se está en flagrancia o si pesa una orden judicial contra los implicados. “Es decir que se violó el debido proceso durante las 3.000 detenciones en protestas”, comenta la defensora.
Más del 20% de los arrestados en manifestaciones enfrenta juicios marcados por el retardo procesal.
¿Quiénes siguen tras las rejas? Sandoval asevera que líderes, en su mayoría. “Mantienen presos a figuras emblemáticas para ejercer presión”.
El retardo podría obedecer a cuestiones políticas, advierte.
“Se ha evidenciado que cuando quieren condenar a una persona, lo hacen en tiempo récord. Está el caso de los hermanos Guevara (policías retirados acusados por el asesinato de Danilo Anderson). En un año completaron casi todas las instancias porque dependían de testigos falsos o los presuntos cooperantes.
El caso de Simonovis, Vivas y Forero es la contraparte, la sentencia demoró cuatro años”, indica.
Leopoldo López tampoco escapa del retardo procesal. Sandoval indica que quizás la interrupción de las audiciencias responde a intereses del Gobierno. “Quizás (el Ministerio Público) está a la espera de pruebas o dibuja el panorama político”.
¿Al Gobierno le conviene mantener al líder de Voluntad Popular en la cárcel?, la defensora no lo descarta.
“A la detención de López le unieron las causas de los jóvenes detenidos el 12 de febrero, porque buscaban una asociación para delinquir (uno de los cargos por los cuales es imputado el opositor)”, explica.
El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por la Unidad, Biaggio Pillieri, fue privado de libertad tras cinco años de amenazas.
Al término de su período como alcalde en el municipio Bruzual (Yaracuy), el oficialismo inició una “persecusión” en su contra. Enfrentó dos juicios y meses después de ser electo diputado, recibió la boleta de excarcelación.
“El Gobierno utiliza el Poder Judicial como un instrumento para mantener el control y atemorizar a quien de alguna manera le resulte incómodo”, expone.
Arrestado por dos años, Pillieri dice que lidió “con los hilos del poder” en 11 audiencias y una “condena exprés”.
Testigo de las incongruencias del Poder Judicial, el diputado asevera que López será blanco de un “juicio manipulado”.
Por su inhabilitación política, el militante de Voluntad Popular no tiene la oportunidad de resultar libre tras un proceso electoral, como lo hiciera Pillieri, en consecuencia tiene “todo en contra”, agrega el parlamentario.
No obstante, Pillieri deposita sus esperanzas en “la fuerza de la opinión pública”.
¿Qué llevó a Leopoldo López a entregarse a una “justicia injusta”? Esa es la pregunta que se formula Sandoval.
“En parte, fue un acto responsable al creer que soltarían a los estudiantes tras su detención. Quedará para la historia conocer cuál fue su verdadera motivación”, destaca. Los defensores de López califican la acusación de temeraria y carente de base.
“No solo el derecho a la presunción de inocencia de esta persona se ha visto afectado, sino también su derecho a la defensa adecuada, por la imprecisión de los cargos formulados y por la censura de las comunicaciones entre el detenido y sus abogados defensores”, sentenció la Organización de Naciones Unidas mediante un comunicado, en el cual solicitan “la inmediata liberación del opositor”.
