Los hechos de este martes dejaron en evidencia que el Estado perdió el control sobre los colectivos chavistas, afirmaron este miércoles expertos en materia de seguridad ciudadana.
La operación policial que dejó como saldo cinco miembros de colectivos muertos durante un allanamiento del Cicpc, también reveló que existe un conflicto entre ese cuerpo de investigación y los grupos chavistas.
«Estamos en presencia del primer enfrentamiento formal de las fuerzas de seguridad del Estado con los colectivos armados», manifestó Luis Izquiel, criminólogo y asesor de la MUD en materia de Seguridad Ciudadana.
«No sabemos cuáles son las rencillas que llevaron a este enfrentamiento, ni si guarda relación con el homicidio de Robert Serra, pero lo cierto es que pareciera que al Gobierno se le salió de control el tema de los colectivos», agregó.
Así mismo, Izquiel resaltó las fuertes contradicciones entre la versión oficial de los hechos, según la cual no eran colectivos sino una banda delictiva llamada El Odreman, y el perfil del fallecido en la red social Twitter que evidencia su vinculación con el alto Gobierno.
«Llama mucho la atención que un supuesto homicida con un amplio prontuario delictivo haya podido romper los círculos de protección hasta del mismo Hugo Chávez», expresó.
En opinión del criminólogo, el llamado que Nicolás Maduro hizo este miércoles a una investigación «completa y exhaustiva» de los hechos, es un reconocimiento de la falsedad de la versión oficial.
Matices
Por su parte, la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, consideró que del enfrentamiento del martes se generan muchos más matices que deben ser analizados con atención, como por ejemplo la diferencia entre el comportamiento de los grupos chavistas con los distintos cuerpos de seguridad.
«Este año en Venezuela los colectivos armados parecen tener conflictos con el Cicpc, pero no así con la Guardia Nacional Bolivariana. Hubo un comportamiento muy particular durante los eventos de abril a junio, cuando llegamos a ver inclusive elementos de convivencia y cooperación entre los colectivos armados y la GN contra los ciudadanos», explicó la abogada.
«Sin embargo con el Cicpc vimos un elemento conflictivo al punto de que se tomaron medidas de seguridad especiales para proteger a los efectivos de posibles represalias. Eso tiene que ser analizado por los órganos de control democrático porque algo está pasando», advirtió.
Colectivos son paramilitares
Por otro lado, San Miguel afirmó que los colectivos armados encuadran en la definición de grupos paramilitares.
«En los términos teóricos y conceptuales cabe perfectamente hablar de paramilitarismo en Venezuela, considerando la fórmula, la actuación, el control territorial, la capacidad de hacer operaciones sostenidas y concertadas, y la capacidad de tener mandos y líderes identificables que tienen estos movimientos», expresó.
«Inclusive se han definido como combatientes, lo cual, en los términos de los conflictos armados internos, adquiere un relevancia especial. Yo creo que estamos viendo elementos indicadores que hablan de actores en conflicto armado interno que pueden degenerar en una escalada peligrosa para el país», advirtió además.
Así mismo, la defensora de Derechos Humanos recordó que el poder que hoy tienen estos grupos ha sido reafirmado con el tiempo bajo la responsabilidad ineludible del Gobierno nacional.
«El problema que ha existido desde la asunción de la revolución al poder es que se ha pretendido ideologizar la lucha de combatientes entre derecha e izquierda, concediendo una permisividad a aquellos que operan en todo el territorio nacional y están vinculados con el proyecto revolucionario. Esto abarca un escenario que incluye tanto a las FARC, a las Fuerzas de Liberación Nacional como a los autodenominados colectivos armados», manifestó.
Finalmente, San Miguel enfatizó que los funcionarios responsables pueden ser juzgados por un tribunal penal.
«Hay una clara responsabilidad del Estado en el funcionamiento de estos colectivos armados, sea por acción o por omisión, y ambas son de carácter penal. Es decir, la permisividad del Estado para el funcionamiento de estos grupos es punible y los funcionarios al frente de las competencias encargadas para evitar que esto ocurriera tienen responsabilidad penal frente a los venezolanos».
