El Gobierno nacional a través del Ministerio del Trabajo, ordenó la ocupación de la empresa Clorox de Venezuela, por negarse a cumplir el reinicio de sus actividades productivas, alegando un cierre patronal.
A través de un comunicado, señalan que la empresa «incurrió en una acción de cierre ilegal», lo cual constituyó «una agresión directa al proceso social de trabajo que bajo su responsabilidad desarrollan los trabajadores».
El comunicado hace referencia a lo establecido en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual señala que «en el caso de cierre ilegal, fraudulento de una entidad de trabajo, o debido a una acción de paro patronal, si el patrono se niega a cumplir con la providencia que ordena el reinicio de sus actividades productivas, el Ministerio del Trabajo podrá ordenar la ocupación de la entidad cerrada y el reinicio de las actividades, en protección del proceso social del trabajo y de los trabajadores y sus familias».
Anunció que se instalará una Junta Administradora Especial, que tendrá facultades y atribuciones para garantizar el funcionamiento de la empresa y preservar los puestos de trabajo. En caso de que algún representante de la empresa decida no incorporarse a esa comisión, será remplazado por un representante de los trabajadores.
El Gobierno señala además que si la empresa no se consideraba en capacidad de superar la situación, podía recurrir al Estado para buscar las soluciones necesarias.
