Un total de 630 alumnos de educación inicial y primaria reciben clases en una estructura que apenas reúne los requisitos mínimos para desenvolver la actividad escolar. La Escuela Estadal Antonio Pinto Salinas, ubicada en El Garabatal, espera desde hace siete años la continuación de un proyecto de ampliación de su estructura, el cual se cumplió a medias. Gran parte del plantel es el mismo desde el año de su fundación, en 1947.
En siete salones existen inconvenientes con el techado, cuyo material nunca ha sido remplazado. Las precipitaciones de moderada intensidad suelen generar goteras en el interior de las aulas; además algunas paredes se pueden observar agrietadas.
En el 2003, bajo la gestión de Luis Reyes Reyes, se comenzó la ejecución del plan de extensión del inmueble, el cual constaba de la construcción de dos edificios de aula, teatro, techado de la cancha y oficinas administrativas. Sin embargo, sólo se construyó un edificio de aula que se culminó cinco años después, en el 2008, cuando se paralizaron las obras. La posterior gestión regional no ha inyectado recursos para lograr tal fin.
Por otra parte, existen inconvenientes perceptibles, como la maleza que rodea el área de salones de clase, donde se puede formar un hábitat ideal para animales roedores o mosquitos portadores de enfermedades. Infralara prometió desmalezar la escuela, pero tras un mes de actividades escolares, no se han presentado sus funcionarios.
Así como también la cancha múltiple, donde no cuentan con los aros para jugar baloncesto ni arquerías adecuadas para la práctica de fútbol. El techado de la misma sigue siendo una materia pendiente.
Sin suministro de agua
A través de mangueras conectadas a un tanque aéreo de vieja data, se surte por gravedad el vital líquido hacia los baños y el área de comedor, la improvisada maniobra afecta la higiene de ambos sitios. La causa refiere a la inoperatividad del hidroneumático de la escuela, que está dañado desde hace unos años.
De igual modo, la escuela no tiene bebederos. La subdirectora Margaret Baameiro y la trabajadora Nuris Sánchez, aportaron la información con la esperanza de ser escuchados por las autoridades regionales y nacionales.
