Fuerzas federales mexicanas patrullaban este martes por la ciudad de Iguala (sur), donde 43 estudiantes desaparecieron tras ser atacados por policías y narcotraficantes, mientras investigadores tratan de esclarecer los motivos de un crimen que ha sacudido al país.
Convoys del flamante nuevo cuerpo de Gendarmería, fuertemente armados, han tomado el control de Iguala siguiendo las órdenes del presidente Enrique Peña Nieto.
El hallazgo de fosas comunes donde se teme que haya estudiantes muertos desencadenó que el lunes Peña Nieto se comprometiera a esclarecer este caso y a castigar a los responsables.
Inmediatamente el Ejército desarmó a todos los policías municipales de Iguala (140.000 habitantes) que no habían sido detenidos en los primeros interrogatorios.
Decenas de esos agentes, vestidos de civil, abordaron el martes dos autobuses que los trasladarán a una base militar del centro del país para ser evaluados, mientras sus esposas lloraban de miedo por lo que les pueda suceder.
«Que regresen bien. Así como se van, que los regresen bien», dijo a la AFP una de las esposas, de 45 años, que prefiere reservar su nombre.
Las mujeres temen que los policías sean torturados para que confiesen lo que quieran las autoridades.
«Siempre han usado los golpes para que confiesen hasta lo que no» es, dijo la nuera de uno de los agentes cuando los autobuses partían custodiados por la policía federal.
Otros 22 policías de Iguala ya fueron detenidos y acusados de haber colaborado con sicarios del cártel local Guerreros Unidos en los tiroteos contra los estudiantes.
Ojalá que este despliegue federal «no fuera nada más que cuando hay problemas (…) porque nosotros en muchas ocasiones nos sentimos desprotegidos», dijo a la AFP Hilario Villalobos en una calle de Iguala, donde muchos vecinos veían a su policía como aliada de los criminales.
