La censura ha crecido hasta convertirse en la principal forma de violación a la libertad de expresión en Venezuela, advirtió este lunes el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
Al presentar un informe titulado La orden es el silencio, la organización de derechos humanos reveló que las informaciones procesadas por los comunicadores son sometidas a filtros no sólo por parte de los poderes públicos sino también por factores privados y sus propias empresas.
«En el tema de la censura nos encontramos con tres grandes categorías: las presiones directas e indirectas por parte del poder estatal pero también hay otros actores que están influyendo y ejerciendo sus fuerzas para que los periodistas se silencien, y esto tiene que ver con actores privados y los propios medios de comunicación (para los que trabajan)», manifestó Mariengracia Chirinos, coordinadora del proyecto.
Esta investigación se basó en la percepción expresada por 225 periodistas que laboran en medios privados (89%), comunitarios (5%), estatales (3%), e independientes (3%), ubicados en los 13 principales estados de Venezuela: Anzoátegui, Aragua, Área Metropolitana de Caracas, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Monagas, Portuguesa, Táchira y Zulia.
Según el desglose de los factores de censura manejados por el IPYS, de los comunicadores que recibieron presiones directas por parte del Estado, el 34% dijo que provino del Poder Ejecutivo (nacional, regional o local); 17% del poder Judicial, 14% del Legislativo, 7% del poder Moral, y 6% señaló al poder Electoral.
Sin embargo, destaca la actuación de factores privados que mediante medidas indirectas han inhibido la publicación de alguna información.
«Existen grupos económicos de poder y grupos políticos que están presionando con medidas que pueden derivar en censura (…) Según 16% (de los encuestados) están ejerciendo sus fuerzas los grupos económicos privados y también los grupos políticos independientes y la delincuencia organizada. Los dos últimos actúan en condiciones más políticas», expresó la investigadora.
Según este informe, las consecuencias de tales acciones son la censura: «Las percepciones de los periodistas consultados reflejan que se han ejercido presiones oficiales para modificar un producto informativo en el que ellos han estado trabajando (42%); han ocurrido impedimentos en la emisión informativa (15%); se han recogido ediciones -generalmente en medios impresos- (6%), y se ha llegado a cerrar medios en los que laboraban algunas de las personas consultadas (2%)», concluyó el IPYS.
El censor en la casa
Aparte de las órdenes de censura que son promovidas por actores externos -apuntó la ong-, las tendencias del estudio infieren que el medio de comunicación, entendido como empresa, también se comporta como censor.
«Así se evidencia cuando 29% de los encuestados considera que se han inhibido de desarrollar un contenido periodístico porque de todas maneras la empresa comunicacional para la que laboran no lo iba a difundir», advirtieron.
De manera más clara y contundente, la autocensura determinada por el medio se ve reflejada en acciones concretas. «Los periodistas de medios privados, estatales y comunitarios e independientes que participaron en el estudio, indican que 43% de ellos ha recibido lineamientos -internos y externos- que prohíben la cobertura de algunos asuntos públicos sobre temas concretos (y que sí se pueden abordar desde otras perspectivas para ajustarse a la línea editorial del medio)», alertó el IPYS.
En este sentido, a 35% de los consultados «se le ha prohibido expresamente cubrir y/o publicar una información sobre un hecho noticioso, y también se les ha negado la posibilidad de cubrir un tema en particular».
Agregó el informe que a 34% se le ha dicho que no puede nombrar a una fuente determinada en una información que vaya a ser publicada.
«Por las presiones que se han ejercido sobre la cobertura periodística, 17% de los participantes manifiesta que luego de incidentes de este tipo, fueron cambiados de fuente de información».
Democracia en riesgo
Para Marianela Balbi, periodista de investigación y directora de IPYS, al considerar el fenómeno estudiado se puede concluir que lo que está en juego en Venezuela son las libertades democráticas.
“Este estudio nos permite tener un panorama del país que tenemos. Las órdenes y presiones directas e indirectas se han hecho cada vez más frecuentes, al punto de que se está afectando la independencia, la pluralidad, la calidad informativa y el derecho de los ciudadanos a saber, poniendo en riesgo incluso la seguridad de los periodistas y trabajadores de la prensa», advirtió.
