En Venezuela existe una gran diversidad de oficios y labores; en algunos casos unos más exigentes que otros; lo cierto es que todos coinciden en tener un nivel de responsabilidad, compromiso y lealtad con su trabajo.
Dentro de esta gran variedad, se destaca la importante labor que realizan los vigilantes de la seguridad privada en el país. Como es bien sabido por todos, la función de estos trabajadores radica en proteger la integridad física de las personas y de los bienes e inmuebles materiales de las empresa o lugares donde han sido contratados sus servicios.
¿Alguna vez se ha detenido a pensar sobre el grado de responsabilidad que tiene este oficio?
De igual forma, ¿ha analizado los riesgos que corren estos trabajadores en el ejercicio de su labor?
En este sentido, el comisario Pedro Bracho, presidente de la Cámara Nacional de Empresarios de la Vigilancia Privada en la entidad, expresó que «es completamente admirable la labor que realizan nuestros oficiales de seguridad privada en el país. Un vigilante privado trabaja incansablemente por velar por la seguridad de las empresas y de todos los ciudadanos. Esta sin duda es una profesión que se ejerce por vocación, por amor al servicio y el resguardo del prójimo”.
Basamento legal
El ejercicio de esta profesión esta enmarcado en el decreto 699 que data desde 1975, fecha en que fuera publicado en la Gaceta Oficial No 30.597 el Reglamento de los Servicios de Vigilancia Privada, Protección e Investigación; mediante el cual el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Relaciones Interiores se reservó la potestad de autorizar, supervisar y controlar el sector de Vigilancia Privada y Transporte de Valores en Venezuela.
Fue así entonces, cuando este Ministerio dio inicio a una serie de actos administrativos conocidos como resoluciones o resueltos con los cuales se comenzó a otorgar la autorización a diversas empresas del sector privado para ejecutar labores de vigilancia, protección de propiedades, traslado y custodia de valores previo a una serie de requisitos de obligatorio cumplimiento.
Asimismo, el decreto 699 (aún vigente), faculta también el empleo y regula el tipo de armas destinadas a dichas labores cuya compra, tenencia y porte debe regirse por la Ley de Armas y Explosivos; mientras que la fiscalización de las armas recaía conjuntamente entre el Ministerio de Relaciones Interiores y Ministerio de la Defensa.
Mediante el mismo Decreto, surgen entonces las primeras disposiciones que comienzan a regular hasta la fecha el uso de uniformes, las armas, su marcaje, tenencias y porte, los libros y actas; así como también la fiscalización anual para el sostenimiento de la permisología correspondiente.
Cumplimiento de las normativas
Las empresas y los oficiales de la seguridad privada, además de regirse por el decreto 699, deben dar cumplimiento a las ordenanzas que establece el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, actualmente presidido por el mayor general Miguel Rodríguez Torres y por la Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX).
En este sentido, el comisario Pedro Bracho indicó que todas las empresas de vigilancia privada legalmente constituidas deben cumplir con ciertas normativas para su funcionamiento:
1. Deben tener la respectiva autorización para la tenencia y porte de armas emitida por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
2. Deben estar registradas y autorizadas por la DAEX para la manipulación de las armas.
3. Únicamente se permite el uso del armas tales como: revólver calibre 38 y escopeta calibre 12 dependiendo de la función del vigilante privado.
Condiciones óptimas para su ejercicio
Para prestar sus servicios los oficiales de seguridad de la vigilancia privada deben contar con condiciones óptimas para desempeñar un trabajo eficaz y de calidad. Bracho destacó la importancia que tiene el hecho de que las empresas de seguridad privada en el país, cumplan con todos sus compromisos y responsabilidades laborales adquiridas con sus trabajadores. “No basta con dotar a los oficiales con el armamento necesario para su defensa, tenemos el deber de velar porque nuestros trabajadores estén seguros y a gusto en sus áreas de trabajo”.
Debido a los altos índices de inseguridad que se perciben en el país urge que las empresas de seguridad, además de contar con el recurso humano, inviertan en recursos tecnológicos para su resguardo y defensa, tales como: como cámaras de video, radios de comunicación, detectores de metales o dispositivos electrónicos biométricos de control de acceso (huella digital e iris del ojo), entre otros.
Con relación a este punto, el comisario Pedro Bracho precisó el reciente lanzamiento de la aplicación móvil disponible para celulares con sistema operativo Android y Apple presentado por el ministro para Relaciones Interiores Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres denominada Patrullaje Inteligente. Esta herramienta fue diseñada por el Gobierno nacional y permite que las personas estén en contacto rápido y directo con los funcionarios de seguridad más cercanos en caso de una emergencia.
Según la apreciación de Bracho, esta iniciativa no solamente será una excelente ayuda para los oficiales de seguridad de la vigilancia privada, sino también será muy útil para el ciudadano común.
Un sueño a futuro
Para el presidente de la Cámara Nacional de Empresarios de la Vigilancia Privada en el estado Lara, comisario Pedro Bracho, representa un gran sueño la creación de una escuela de formación, inducción y preparación de los futuros vigilantes privados en el país. Señaló que en Venezuela urge una institución que se dedique netamente a formar a estos trabajadores, con el fin de capacitarlos altamente en todas las áreas indispensables para el ejercicio de sus funciones. “Ese es un gran sueño que deseo materializar en los próximos años”, dijo.
Datos
Los vigilantes de centros comerciales y lugares públicos no pueden portar arma de fuego, según la normativa que rige a estos espacios de entretenimiento.
