Panamá emprendió esta semana la regularización de miles de extranjeros en lo que será la última edición de un proceso migratorio que las autoridades defienden como una medida necesaria para la seguridad e impulsar la economía del país.
Filas de inmigrantes, mayormente de Colombia, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela, se forman desde el jueves en un gimnasio de la capital para obtener un carnet temporal con el que podrán permanecer por dos o diez años, al tiempo en que obtendrán un permiso para trabajar. Se trata de la 15ta edición de la conocida feria «Crisol de razas», que se extenderá hasta el 12 de octubre.
El gobierno del presidente Juan Carlos Varela, que inició el 1 de julio, heredó ese proceso y decidió continuarlo, pero la creciente inconformidad y el rechazo de diversos sectores por esa iniciativa lo empujó a anticipar que esta será la última jornada de regularización.
El malestar de los panameños hacia ese programa extraordinario migratorio generó el nacimiento de grupos y asociaciones juveniles y de profesionales, que –incluso– llegaron hasta las redes sociales con cuentas como «No más crisol de razas», «Panamá para los panameños» y «Unidos por Panamá», entre otras, a fin de expresar su oposición.
Ello suscitó reacciones en sectores como el principal gremio empresarial y comercial panameño de que ese tipo de manifestaciones estén rayando en lo xenofóbico, aunque los grupos opositores a la feria rechazan que su objetivo sea discriminar a los extranjeros.
«Nosotros nunca nos hemos opuesto al extranjero o que seamos xenofóbicos, eso es mentira», dijo a The Associated Press Mayra Avendaño, miembro de Unidos por Panamá. «Es bien sabido que aquí hemos convivido con muchas comunidades hebrea, indios, china, que es muy grande y que aportan al país empleos… siempre hemos vivido en paz y armonía, pero lo que se ha dado con la feria desde la número uno es un total desorden; no se está tomando en cuenta la opinión pública, el sentir del panameño».
El pasado gobierno del presidente Ricardo Martinelli instauró la feria en el 2010 y desde entonces hasta la fecha al menos 48.633 personas, mayormente colombianos, nicaragüenses, dominicanos y venezolanos, lograron regularizarse temporalmente, en lo que convirtió a Panamá, de 3,5 millones de habitantes, en un punto importante de un nuevo flujo migratorio y laboral en la región.
Para la actual edición se espera que lo hagan entre 12.000 a 20.000 extranjeros más, según las autoridades migratorias.
El actual gobierno esgrime los mismos argumentos de la anterior administración, que con esta medida se persigue que los extranjeros puedan acceder a un permiso laboral para que aporten impuestos y a la seguridad social, en un país que según las autoridades ha demandado de mucha mano de obra para proyectos de infraestructura multimillonarios. Panamá ha crecido a un promedio de 8,5% en los últimos cinco años, aunque se prevé que la economía retroceda un poco en el 2014.
El gobierno señala que el programa le permite también tener información y control de los millares de extranjeros y rechaza los argumentos de que la feria sea la culpable del incremento de la delincuencia y la criminalidad en los últimos años.
«Esto nos permite combatir el delito de una forma más efectiva», dijo el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Rodolfo Aguilera, destacando que son contados los casos de extranjeros regularizados con la feria involucrados en delincuencia. Durante la regularización, los inmigrantes deben presentar su historial policial en su país o en Panamá, dependiendo del tiempo en que lleven aquí. Al menos tres colombianos fueron rechazados el jueves en el programa por casos de violencia y posesión de armas en su país.
