El gobierno catalán dijo el viernes que mantiene la convocatoria del referendo separatista del 9 de noviembre, mientras estudia cómo amparar una votación expresamente prohibida por la justicia española.
Pese al pulso político entre Madrid y Barcelona (capital de Cataluña) sigue en el aire si la consulta para separarse del resto de España tendrá lugar o no y en qué condiciones. El gobierno español insiste en que es ilegal y no se celebrará.
Frances Homs, portavoz del ejecutivo catalán, y los partidos que apoyan el referendo para separarse de España pidieron al Tribunal Constitución que atienda las alegaciones de Cataluña y autorice la celebración de la consulta. El Constitucional, máximo órgano judicial de España, acordó el lunes por unanimidad la suspensión cautelar del plebiscito durante cinco meses. Si los 12 magistrados del Alto Tribunal no adoptan una resolución firme sobre su legalidad en ese plazo, la suspensión se puede prorrogar.
Desde la paralización del referendo, el gobierno catalán ha echado pie atrás en algunos aspectos pero no en otros. Las autoridades retiraron la campaña institucional sobre la consulta y frenaron la contratación de personal para su puesta en marcha.
Pero al mismo tiempo, el presidente regional Artur Mas firmó el jueves el decreto de creación de una junta electoral encargada de supervisar la votación. El decreto no llevaba fecha de entrada en vigor. La salvedad, inusual en la legislación española, se interpretó como una forma de sortear la prohibición del Alto Tribunal.
No obstante, el gobierno español anunció el viernes que también impugnará el nombramiento de la junta electoral ante el Constitucional. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría exigió a Mas que cumpla la ley y recordó que la justicia ha paralizado cualquier acto relacionado con la consulta soberanista.
