Como un nuevo avance en el proceso de militarización del Estado y la sociedad venezolana, calificó la organización no gubernamental Provea la creación de la brigada denominada Fuerza de choque por parte del Ejecutivo nacional.
La organización sostuvo que la instancia, que estará adscrita al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, contradice las afirmaciones de Nicolás Maduro y además la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de El Caracazo.
“La FANB nunca más será fuerza de choque contra el pueblo”, afirmó el presidente de la República Nicolás Maduro el pasado octubre de 2013, durante una reunión con el Alto Mando militar en Caracas. Sin embargo, contradiciendo sus propias afirmaciones creó esta brigada, advirtió Provea.
La aparición de esta instancia fue oficializada en la Resolución 006574, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 40.502 del 22 de septiembre pasado y, según el diputado Néstor León Heredia (PSUV) citado por Provea, tiene como objetivo “combatir planes de desestabilización que perturben el país”.
En su sentencia de 2002 la Corte-IDH instó al Estado venezolano a «emplear la fuerza militar sólo en situaciones extraordinarias» de control de orden público, y estableció que «los cuerpos militares no han sido capacitados para realizar labores de seguridad ciudadana con apego a los estándares nacionales e internacionales en materia de uso progresivo y diferenciado de la fuerza y respeto a la integridad física».
De acuerdo con la organización de DDHH la Fuerza Choque se suma a las recién creadas Brigadas Especiales contra los Grupos Generadores de Violencia (BEGV) que hicieron su aparición el pasado 25 de julio y cuyos objetivos son también el «criminalizar y penalizar a quienes ejerzan su derecho constitucional a la manifestación pacífica o expresen de forma legítima su descontento ante políticas gubernamentales», señaló un comunicado.
Estas herramientas gubernamentales, que «califican anticipadamente como violentos a determinados sectores del país, dan cuenta de la progresiva consolidación de la doctrina de seguridad nacional en el Gobierno cuyos objetivos principales se basan en la defensa de la seguridad del Estado y en el “enfrentamiento al enemigo interno”, expresó la ong.
Finalmente, la organización de DDHH resaltó: «Maduro sigue demostrando una cultura poco democrática para dar tratamiento a las expresiones de descontento social y cerrando espacios para la libre expresión de la disidencia y la pluralidad de opiniones políticas».
