En Venezuela ha prevalecido la opacidad en la información pública sobre los casos febriles que se han presentado, desde el 6 de junio de 2014, cuando autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Salud advirtieron sobre el primer caso de esta enfermedad. En esta coyuntura, también, han sido recurrentes acusaciones contra medios de comunicación privados, nacionales e internacionales, por la cobertura que han realizado ante esta crisis de salud.
Esta situación se ha presentado ante la aparición del virus del Chigungunya, según han denunciado diversos sectores de la medicina del país. Sin embargo, la ministra para la salud, Nancy Pérez, descartó que existiera “un virus extraño”, rechazando lo que califica como una “campaña mediática intensificada” contra el sistema de salud venezolano.
Aunque el despacho del Ministerio del Poder Popular para la Salud sí ha hecho declaraciones públicas en las que se informa el total de personas con el virus que se transmite a través del zancudo Aedes Aegipty, los boletines epidemiológicos, que son los órganos de divulgación oficiales de esta materia, no dan cuenta de los casos sospechosos y confirmados de las personas que han sido afectadas por el Chicungunya.
El boletín epidemiológico número 36, señala que los casos de fiebre aumentaron en un 100% desde que a principios de agosto se notificaron 50.442 casos, y un mes después la cifra aumentó a 104.405. Estos registros corresponden exactamente al periodo comprendido entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre.
Desde el boletín 24, correspondiente a la semana del 8 al 24 de junio, hasta el número 36, el último que se publicó con fecha del 6 de septiembre de 2014 solo hay información general sobre la Chikungunya. Refieren las definiciones de la enfermedad, las formas de transmisión y el diagnóstico. Sin embargo, no existe en ninguno de estos informes epidemiológicos la información sobre el total de casos, a pesar de que se trata de una información que es de interés público. En estos boletines tampoco se reseñan los estados donde se encuentra presente el virus ni el rango de edad de las personas afectadas.
El boletín epidemiológico número 36, solamente, indica que casos generales de fiebre, que según la información oficial aumentaron en un 100%. Reflejan que a principios de agosto se notificaron 50.442 casos, y un mes después la cifra aumentó a 104.405. Estos registros corresponden exactamente al período comprendido entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre.
Sin embargo, no se especifican los motivos ni a qué tipo de enfermedad podrían estar vinculados estos casos.
Esta situación no se corresponde con los estándares internacionales de salud, que consideran prioritaria la garantía del derecho de los ciudadanos a saber. La Organización de Naciones Unidas a través del Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estableció mediante la Observación General N° 14 del año 2000, que el derecho a la salud no solo abarca la atención médica oportuna, sino también las condiciones básicas para garantizarla. Entre esas condiciones se encuentran: la no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica y el acceso a la información.
A través de este enlace podrás descargar el reporte de IPYS Venezuela en formato PDF:
Denuncian sub-registro
A través de un comunicado, la red de Defendamos la Epidemiología Nacional, adscrita al Observatorio de Salud, denunció que el Ministerio del Poder Popular para la Salud ha informado el total de casos de Chikungunya “mediante escuetas e intermitentes notas de prensa, desprovistas de suficiente rigor científico”. Para el 3 de septiembre el despacho para la salud informó que existen 243 personas con el virus.
Esta organización de la sociedad civil señala, además, que el número de casos nuevos es mayor al reconocido oficialmente por el organismo, y que “existe un importante subregistro y subnotificación de casos, producto de la falta de elaboración y divulgación oportuna de normas y guías oficiales de actuación para la vigilancia, diagnóstico, control, conducción y tratamiento de los casos de Chikungunya”.
José Félix Oletta, ex ministro de Sanidad y miembro de la Red Defendamos Epidemiología Nacional, declaró que es una obligación “ética y constitucional del Estado, del Poder Ejecutivo y de los funcionarios del Ministerio, orientar a la población sobre las amenazas de salud pública”.
Limitaciones para informar
Cuatro periodistas de la ciudad de Maracay, capital del estado Aragua, relataron a IPYS Venezuela que desde la gestión del anterior gobernador, Rafael Isea, se les ha prohibido el acceso al Hospital Central de Maracay (HCM), principal centro de salud de la ciudad de Maracay. Aseguran que las autoridades de salud pública, de manera recurrente, les niegan información a la prensa.
Varios reporteros consultados aseguraron que durante coberturas en el centro de salud han sido abordados por funcionarios públicos que les piden identificarse y también chequean sus materiales de trabajo. Incluso, denunciaron que han sido perseguidos para arrebatarles las cámaras y borrar las fotografías.
De acuerdo con las denuncias recabadas por IPYS Venezuela, algunos de los periodistas han tenido que buscar otras formas para poder ingresar al Hospital Central de Maracay. Indicaron que se hacen pasar por pacientes y de esta forma es que logran acceder y entrevistar a los familiares de los pacientes. Ante las limitaciones es, también, la alternativa que han tenido para poder constatar el estado en el que se encuentra este centro de salud público. Según las labores de reporterismo de los consultados, los ciudadanos que asisten a este centro médico denuncian, de manera regular, escasez de medicamentos, por lo que deben ser adquiridos por ellos mismos, y también, han tenido que recurrir a otros centros privados a realizar los exámenes médicos necesarios para el diagnóstico.
Los reporteros señalaron que la única vez que pudieron ingresar al centro de salud sin impedimento alguno, fue el 11 de septiembre de 2014, cuando el director de CORPOSALUD de la entidad, Luis López, realizó una rueda de prensa para desestimar las denuncias realizadas por Ángel Sarmiento, presidente del Colegio de Médicos de Aragua.
Los periodistas entrevistados por IPYS Venezuela para este trabajo denunciaron que las obstrucciones a su labor no solo han sido ejercidas por parte de las autoridades estatales, sino que también algunos medios privados se limitaron en realizar una cobertura pertinente y oportuna ante las amenazas del gobierno. Refirieron que esta situación ha sido una constante en diversos medios impresos, radiales y televisivos, en los cuales ha persistido la negativa para difundir trabajos periodísticos que involucren el tema salud.
Por esta razón, algunos periodistas se han visto en la necesidad de abrir blogs como WordPress o utilizar sus cuentas de Twitter para poder publicar sus trabajos periodísticos.
Gremio médico y medios en la mira
El presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, Ángel Sarmiento, hizo unas declaraciones el 11 de septiembre de 2014, en las que señaló que en el Hospital Central de Maracay fallecieron ocho personas, por un virus desconocido, presentando como síntomas fiebre, dolores musculares, puntos rojos en la piel y hemorragias.
Los fallecidos, según Sarmiento, son cuatro adultos y cuatro niños que llegaron al hospital con los mismos síntomas, a pesar de que todos venían de diferentes zonas de la entidad. En esas declaraciones, el presidente del Colegio de Médicos instó a organismos internacionales de salud a prestar ayuda a Venezuela.
Posteriormente a esta denuncia, la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, y el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, desmintieron esta situación. Rodríguez catalogó la acción como una “campaña”, solicitándole a los medios de comunicación “respeto a la población venezolana”.
El Aissami indicó a través de su cuenta de Twitter @TareckPSUV que la información ofrecida por Sarmiento es falsa, expresando además que “no es de extrañarse que el presidente “adeco” del Colegio de Médicos sea quien encabece esta campaña de rumores y terrorismo”.
Igualmente, el director de la Corporación de Salud de Aragua, Luis López, declaró en rueda de prensa que se había hecho una inspección al Hospital, desmintiendo a Ángel Sarmiento. Expresó en su cuenta de Twitter: “Hoy el terrorismo mediático ataca al Hospital Central de Maracay. Es falso que existan casos de ébola en Aragua”.
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, criticó ese mismo día que El Periodiquito, medio impreso de capital privado con sede en el estado Aragua, publicara las declaraciones de Sarmiento. Agregó que era una información “falsa” que generaba zozobra e incertidumbre entre la población venezolana. Cabello se pronunció repudiando la difusión de una “falsa noticia” o “noticia terrorista” por parte de los medios de comunicación y “de sectores de la derecha en las redes sociales”.
A raíz de toda esta situación, el 12 de septiembre de 2014, el gobernador Tareck El Aissami acudió a la sede del Ministerio Público en Aragua, para solicitar una investigación judicial contra el presidente del Colegio de Médicos, Ángel Sarmiento.
El Aissami declaró que tienen elementos que desmienten “esta manipulación y cobarde acción mediática emprendida por algunos sectores de esta derecha enloquecida y fundamentalmente de este señor, supuesto y presunto médico, Ángel Sarmiento”.
La Ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, realizó amenazas de tipo legal a medios de comunicación en su cuenta de Twitter, señalando que aquellos “medios que se hayan prestado para esta campaña que causa zozobra en la población deberán someterse a las acciones legales correspondientes”.
Los medios regionales también fueron intimidados por voceros oficiales ante la cobertura periodística en relación a estas dificultades que se presentaron en la entidad. Rodríguez arremetió contra el medio impreso regional El Periodiquito, luego de que publicaran las declaraciones del vicepresidente del Colegio de Médicos, Ramsés Milano, en las que afirma el fallecimiento de ocho personas en el HCM. La ministra señaló que este periódico “ya presenta antecedentes de falsear información referida a la salud pública”.
Señaló, además, que estas declaraciones fueron “dispersadas” por las redes sociales y recogidas por medios internacionales como el ABC de España, “que tiene una campaña permanente en contra del pueblo de Venezuela, su presidente legítimo y el gobierno bolivariano, así como el Nuevo Herald y NTNT24”, ambos medios extranjeros.
La titular del despacho de la Comunicación e Información agregó que los responsables de difundir esta información y replicarla en los medios hasta internacionales “están cometiendo delitos contemplados en las leyes venezolanas y en los tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados en el país”.
Ese mismo día el presidente de la República, Nicolás Maduro, dio la “autorización” para emprender demandas judiciales en contra de reporteros que informaran sobre la situación del Hospital Central de Maracay. En una entrevista publicada en la página web del Ministerio de Comunicación e Información, Maduro señaló que daba permiso al gobernador de Aragua “para emprender la investigación y demandas judiciales contra los periódicos y escritores que están intentando esta campaña en cualquier parte del mundo donde se inicie, sea en Miami, en Estados Unidos, Europa o aquí”.
El 18 de septiembre de 2014, el presidente de la República, Nicolás Maduro, en cadena nacional de obligatoria transmisión en radio y televisión, amenazó con ejercer acciones legales contra 11 medios nacionales e internacionales, esto por supuesto terrorismo psicológico contra el sistema de salud venezolano ante un brote de enfermedades que han causado la muerte de ciudadanos.
El presidente de la República presentó, junto al gobernador del estado Aragua, El Aissami, un video en el que señalaron a los medios internacionales BBC Mundo, CNN, Voz de América, Notirápida, The New Herald y ABC de promover una guerra psicológica contra el sistema de salud venezolano.
De igual forma fueron involucrados medios nacionales, como El Carabobeño, impreso ubicado en el estado Carabobo, El Nacional, El Nuevo País y portal La Patilla con sede en la ciudad capital de Venezuela. También en el video se mostraron mensajes de Twitter de la dirigente de oposición María Corina Machado.
Tareck El Aissami, gobernador de Aragua, calificó de “miserable” la cobertura que han hechos los medios al hacerse eco de las denuncias de autoridades regionales de salud y de ciudadanos aragüeños, acusándolos además de publicar imágenes falsas de revistas científicas en materia de salud.
Maduro ratificó que ejercerá las acciones legales correspondientes, a través de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) “contra dirigentes de la derecha”.
Intimidaciones contra el gremio médico
El sector de la salud ha sido descalificado. El 16 de septiembre de 2014, en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, los diputados de la bancada oficialista aprobaron un acuerdo de “rechazo a la campaña terrorista contra la salud”. El documento expresa entre otras cosas que “la derecha venezolana ha violentado los principios fundamentales de nuestra Carta Magna, tergiversando la verdad y comprometiendo el derecho de la población a obtener información oportuna, veraz e imparcial, sobre la realidad nacional e internacional”.
El documento también indica que grupos “de la extrema derecha de oposición”, junto a sectores farmacéuticos, droguería y farmacia y también medios de comunicación “de la derecha han arreciado en el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos-quirúrgicos, poniendo en riesgo la vida de los venezolanos”.
Los diputados del sector oficial de la AN consignaron el proyecto en el que rechazan las informaciones que reseñaron los medios de información del país por considerar que las mismas intentan desacreditar la reputación del Hospital Central de Maracay. A raíz de los casos de Chikungunya reportados en la entidad, más las declaraciones del doctor Ángel Sarmiento sobre el fallecimiento de ocho personas presuntamente a causa de un virus desconocido, los medios hicieron seguimiento y reseñaron las denuncias de autoridades médicas y usuarios del HCM sobre posibles casos de fiebre que se estaban ocultando de la opinión pública.
La diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela y presidenta de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación del Parlamento, Tania Díaz, indicó que las informaciones reseñadas por los medios de información contra el HCM forman parte de una campaña mediática que pretende desprestigiar la gestión gubernamental en materia de salud.
Es necesario informar
La Sociedad Venezolana de Infectología publicó un comunicado, el 16 de septiembre, en el que expresa su preocupación debido a que ha habido “un aumento exponencial en el número de casos de enfermedades febriles en el transcurso de las últimas semanas”.
Exhortan al despacho para la Salud a que informe a la población y a los gremios del área de salud sobre “las posibles explicaciones a estos fenómenos, y que asimismo sean informados de forma clara los resultados de las investigaciones realizadas en los últimos días”.
Por esta razón, el 16 de septiembre de 2014, médicos, enfermeros, y trabajadores de la salud realizaron una asamblea para expresar apoyo al presidente del Colegio de Médicos de Aragua, Ángel Sarmiento y señalaron que el gobierno nacional debe declarar la emergencia sanitaria en la entidad.
El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, criticó que hasta los momentos el Instituto Nacional de Higiene, ubicado en la ciudad de Caracas, no haya dado los resultados de las muestras enviadas la semanada pasada. “La falta de información confiable y precisa lo que hace es mantener en zozobra a la población. Un estudio de laboratorio no puede pasar nunca de una semana para dar resultados sobre una patología”, aseguró.
Derecho a saber
Ante esta situación que pone en riesgo la vida de los ciudadanos, es necesario que se cumplan las condiciones necesarias para la circulación libre, pertinente y oportuna de la información. El artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indica que los funcionarios públicos están en el deber de divulgar información acerca de los temas de su competencia. Al no cumplirse este apartado se puede dar paso a rumores infundados e inexactos que crean un clima de incertidumbre y desconfianza en la población.
Aunque no existe una ley de acceso a la información pública, el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) contempla el derecho que tienen los ciudadanos de solicitar información a funcionarios públicos sobre temas que estén bajo su responsabilidad.
Ante este panorama, IPYS Venezuela observa con preocupación, también, la sanción de reglamentos y proyectos oficiales que pueden vulnerar este derecho. Entre ellos está el reglamento del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), organismo creado el 7 de octubre de 2013. Tiene entre sus objetivos la unificación de la información sobre seguridad, defensa, inteligencia, orden interno y relación exteriores y la posibilidad de calificar como reservada cualquier información.
El reglamento ordena la creación de un ente que tendrá como funciones la vigilancia y seguimiento de las comunicaciones que establezcan a través de internet, lo que podría derivar en restricciones para la libertad de expresión y el derecho a la información contemplado en artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos suscrita por Venezuela.
Por otro lado, las disposiciones de CESPPA podrían derivar en restricciones en la información que se difunde por diversos medios y plataformas. Por ello, esta normativa resulta violatoria de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en sus artículos 51, 57, 58 y 143, consagra el derecho de todas las personas a la información y prohíbe cualquier mecanismo de censura previa.
Registros estadísticos de IPYS Venezuela
Entre el 1 de enero y el 21 de septiembre de 2014, IPYS Venezuela ha registrado al menos 69 casos en los que se impide, de diferentes maneras, el acceso a información de interés público. A diferencia de años anteriores, en los que el registro señalaba limitaciones de acceso a lugares y documentación pública, lo que va de 2014 se caracteriza por la tendencia a limitar la labor periodística acompañada con acciones que vulneran la integridad física de los periodistas.
En el mes de febrero de 2014, se registró el mayor número de impedimentos de esta naturaleza, con 30 casos de reporteros y trabajadores de la prensa, a quienes se les impidió cubrir protestas y manifestaciones estudiantiles. Posteriormente, en marzo se registraron 13 casos, el segundo mes con más alertas de esta naturaleza. Esta tendencia obedece a los hechos violentos registrados en Caracas y las principales ciudades del país.
De acuerdo con las categorías de IPYS Venezuela, existe una inseguridad evidente para los reporteros que realizan coberturas periodísticas en la calle. 54 casos respondieron a esta tendencia, en los que 32 se debieron a hostilidad del gobierno, en su mayoría funcionarios de seguridad del Estado; 16 se debieron a grupos sociales, simpatizantes con los partidos oficialistas y de oposición; y por último 6 casos, por la acción de grupos violentos. Todos tuvieron como factor común el impedimento a la cobertura de los hechos, que además era de interés público.
En lo que va de 2014, también, se registraron 6 impedimentos de acceso a la cobertura de asuntos de interés público, 4 casos en los que se negó acceso a la documentación pública, 4 limitaciones de acceso a lugar y 1 limitación de acceso a funcionarios públicos.
Las dificultades para acceder a información pública en el país parecen incrementarse en los últimos años. Así se evidencia al revisar los datos de IPYS Venezuela que indican en 2012, el registro de 46 casos de violaciones sobre este derecho, mientras que en 2013 ocurrieron 83, y en los primeros nueves meses de 2014 se han registrado 69 casos.
IPYS Venezuela exhorta al Estado venezolano a ofrecer información de manera adecuada y oportuna sobre la situación y los casos del virus de la Chikungunya y de fiebre, registrados en el país en los últimos meses. En la medida que exista acceso a la información oficial, los ciudadanos, las instituciones públicas y privadas podrán adoptar las medidas de prevención y control que se requieran para hacer frente a esta problemática.
