El gobierno catalán retiró la campaña institucional del referendo para separarse del resto de España después de que la justicia ordenase la suspensión cautelar de la consulta pero advirtió que el proceso ha de continuar.
Francesc Homs, portavoz del ejecutivo catalán, dijo el martes que no podían ignorar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, máximo órgano judicial de España. Pero señaló que el proceso continúa hasta que no haya sentencia firme.
Homs aseguró que el gobierno presentará alegaciones ante la Corte para levantar la suspensión del plebiscito, convocado para el 9 de noviembre. El Tribunal se pronunciará sobre dichas alegaciones en las próximas semanas, lo que concede al gobierno regional unos días de margen para estudiar sus movimientos.
Grupos proindependentistas tenían previsto manifestarse más tarde en protesta contra la paralización del referendo.
El pleno del Alto Tribunal, formado por 12 magistrados, acordó el lunes la suspensión cautelar de la consulta durante cinco meses. Si el Constitucional no adopta una resolución firme sobre su legalidad en ese plazo, la suspensión se puede prorrogar. Homs pidió celeridad a los jueces para redactar la sentencia.
El presidente español Mariano Rajoy dijo el lunes que no permitirá la consulta, pero tendió la mano a las autoridades catalanas para negociar fórmulas que recojan las demandas de autogobierno que reclama Cataluña.
