Miles de catalanes se manifestaron este martes en varios municipios de esta región española indignados por la suspensión de la consulta independentista del 9 de noviembre decretada por el Tribunal Constitucional español, a quien quieren desobedecer.
El fuerte aguacero que cayó toda la tarde sobre Barcelona no fue obstáculo para que miles de personas vestidas de amarillo abarrotaran la histórica plaza Sant Jaume, donde se encuentran el gobierno regional y el ayuntamiento, y las calles colindantes a gritos de «independencia» y «votaremos».
«Esto no lo para ninguna ley. Por esta razón yo, como mujer, no podría votar ahora mismo si en algún momento nadie hubiera roto la norma de que las mujeres no tienen derecho a voto», afirmó Montserrat Benet, una profesora de inglés de 51 años, escondida bajo un mar de paraguas.
La decisión del Tribunal Constitucional, a petición de un recurso del gobierno español, de suspender cautelarmente la consulta convocada el sábado por el presidente regional Artur Mas, sembró la indignación entre el creciente independentismo de la región.
Omnium y Asamblea Nacional Catalana, las entidades que organizaron las multitudinarias manifestaciones independentistas de los últimos años, llamaron a llenar las plazas de los ayuntamientos de todos los pueblos de la región reclamando desobedecer la suspensión judicial.
Además de la plaza Sant Jaume, donde un panel digital marca desde el sábado la cuenta atrás para el 9 de noviembre, otros municipios catalanes como Girona, Tarragona o Lleida vieron como cientos de personas se congregaban frente a sus ayuntamientos.
«¡No hay nada que nos pueda detener! Ni mucho menos un tribunal de Madrid que no tiene ninguna credibilidad y no merece ningún respeto», aseveró Muriel Casals, presidenta de Omnium, en el acto central de Barcelona, al que se sumaron representantes de los partidos políticos nacionalistas.
«Un árbitro ha de tener imparcialidad y este tribunal tiene unos antecedentes de no estar a favor de nada que proceda de Cataluña», opinó Miquel Eugenio, un trabajador social de 28 años.
Máxima autoridad judicial del país, el crédito de este tribunal es mínimo a ojos de muchos nacionalistas desde que en 2010 privó a Cataluña del estatus de «nación» al recortar parcialmente un estatuto de autonomía aprobado en referéndum en 2006.
