“El combate al hampa en Venezuela se ha convertido en un gran negocio”.
La afirmación es del abogado penalista Rafael Narváez, quien apoya su sentencia argumentando que el negocio del cual habla se manifiesta en el nacimiento de empresas privadas que prestan servicio de seguridad al ciudadano, porque el Estado no ha cumplido a cabalidad con la tarea de preservarle la vida a la gente.
Considera que el delito es un gran negocio para el Estado en el entendido de que cada programa de seguridad requiere de muchos millones de bolívares, llámese Dibise y Plan Patria Segura, entre otros dentro de los hasta ahora 21 programas puestos en práctica, sin resultados favorables en la calle, y por ello el pueblo se pregunta ¿Dónde está todo ese dinero?
Respecto al plan desarme, expuso que es el anuncio más fantasioso del gobierno de repartir algo así como 300 millones de bolívares bajo la modalidad de un plan voluntario, mediante el cual el delincuente entregaría el arma a las autoridades sin oponer ninguna resistencia, a cambio de obtener dinero, es decir, otra beca más del Gobierno con los recursos que le pertenecen a todos los venezolanos.
Recalca que pretenden engañar a la gente con este ilusionismo mágico, debido a que el delincuente no va a entregar su herramienta de trabajo, y si alguno se atreve lo haría para obtener un bien a cambio, pero siempre se quedará con otra arma en su poder.
Precisó que esta tesis quedó demostrada porque en un período de dos años los delincuentes han entregado apenas 18 armas de fuego al Gobierno, lo que se considera un rotundo fracaso, pero lo grave es que sigue en su empeño de aplicarlo.
“Extraoficialmente hay seis millones de armas de fuego en las calles de Venezuela y sólo han incautado 70 mil en los últimos dos años, por lo cual se trata de un planteamiento mediático”, señala.
En este sentido, sostuvo que el Gobierno con este programa propicia la impunidad, puesto que recibe un arma de fuego y deja al antisocial en la calle, sin importarle que ese armamento esté involucrado en un hecho delictivo, el cual queda fuera de todo castigo tipificado en la norma, por lo tanto, no se hace la esperada justicia anhelada por los familiares víctimas.
Además, puntualiza, con esta forma de llevar a cabo el plan desarme el le está pasando por encima al sistema de justicia venezolano, en cuyos tribunales se decide, mediante el debido proceso contemplado en la Constitución, en cuáles condiciones quedarán ante la ley las personas que portan un arma de fuego, porque con el delito no se negocia; la ley es clara para quienes la violan en detrimento de la sociedad como se observa diariamente en el país.
“Queda claro entonces que el Gobierno no respeta el proceso penal venezolano”. Desde esta perspectiva, señaló, el mejor aliado del hampa es la impunidad y el Estado, en razón de que el Cicpc no investiga y el estado no castiga, mientras el ciudadano no denuncia porque no hay justicia que lo ampare.
Invita a que primero se desarme a los privados de libertad en las cárceles para que pueda decir con propiedad que lo hará con los de la calle.
Reta al ministro a debatir
Narváez reta al ministro Miguel Rodríguez Torres a un debate público sobre el tema del desarme en Venezuela, porque está dispuesto a decirle la verdad respecto a este drama que sacude al país, y adelanta que el representante del Ministerio de Interior, Justicia y Paz le tiene miedo al delincuente, y lo peor, no tiene equipo de inteligencia que lo apoye.
Le recuerda al ministro que el desarme debe pasar por las cárceles y aislamiento de los pranes, por desarmar a los grupos armados, incluyendo los escoltas.
También debe controlar la venta de armas en la Dirección de Armamento y Explosivos
No obstante, considera con respeto que el ministro debe salir del cargo porque actúa como un dirigente político premiado por enfrentar las guarimbas, y el Gobierno incorporar a un experto en la materia que sea civil y no un militar, porque los militares que han ocupado esta misma responsabilidad fracasan al frente de este despacho.
Sin políticas científicas
El reconocido penalista manifiesta que el Estado desprecia el conocimiento científico al no incorporar a un equipo de criminólogos en sus programas contra la inseguridad para combatir el hampa en Venezuela, tomando en cuenta que este tipo de profesional estudia la mente criminal y puede ayudar focalizando el incremento de los delitos, descubriendo por qué el aumento del sicariato en Venezuela y qué pasa con la nueva modalidad de asesinar desmembrando a las personas, como está ocurriendo en Caracas.
Cree que el criminólogo es una herramienta eficaz para determinar los verdaderos problemas de la inseguridad y el gobierno pueda atacarlos con base.
