Hoy inicia el plan de entrega voluntaria de armas de fuego industrializadas en el país, proceso que ha generado diversas confunsiones en la sociedad por cuanto las participantes no correrán el riesgo de ser sancionadas y quedarán exentos de cargos por porte de arma. Además el general Rafael Mirabal, segundo comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en Lara, desestimó cualquier hecho punible siempre y cuando se proceda con la destrucción del fusil.
El especialista en materia penal, Pedro Troconis, en conversación con EL IMPULSO, manifestó su desacuerdo ante las declaraciones del funcionario castrense. Consideró que es una opinión bastante “ligera” para un efectivo de su rango, pues se deben considerar algunos procedimientos de rigor antes de eliminar el armamento.
“Previa destrucción del arma, primero se debe verificar si existe una cadena de custodia, documento que nos garantiza el lugar donde fue encontrada. También es preciso examinar si a la misma se le realizó una experticia técnica de mecánica y diseño para conocer su existencia y por último, si se determina que tiene proyectiles, también se debe proceder a una experticia de comparación balística, a fin de evaluar si la bala corresponde con el hecho punible a la cual se encuentra vinculada”.
“Ya con esos tres documentos, se puede eliminar el fusil. Pero la pregunta es ¿qué hacer con la persona que está entregando y tiene una situación jurídica de por medio? El general no puede tomar ese tipo de decisiones, porque se está creando impunidad al destruir el arma y no averiguar su procedencia”.
El Estado activa este mecanismo con el proyecto de Ley de Amnistía, a fin de no sancionar a las personas, considerando que al eliminar el arma se reducirá el número de víctimas.
“La Ley ampararía al quitarle el hecho punible a quien porte un arma sin permiso, a objeto de que la entregue. En ese caso, existe una justificación de portar armamento ilegal en la calle. Cualquiera puede manifestar que la va a entregar en el destacamento más cercano”, puntualizó.
Desarmarán a civiles y no a los delincuentes
A su juicio, Troconis expresó que este plan desarmará a civiles que no tienen la intención de cometer delitos, pues sostiene que no participarán aquellas personas que cuenten con actos delincuenciales. Agregó que los organismos de seguridad e inteligencia deben internarse en los sectores populares tras la pista del parque de armas utilizadas por la delincuencia.
