Opinar y referirse a los problemas que afectan al país se convierte, cada vez más, en un riesgo de sanción por parte del Estado. Quien ofrezca declaraciones a los medios de comunicación, sobre un tema tan delicado como la salud de los venezolanos, se somete a la posibilidad de ser sometido a un juicio penal, si el Gobierno considera que la información genera alarma.
En menos de una semana se registraron dos ejemplos tangibles: la noche del sábado 20 de septiembre, fue dictada una medida de privativa de libertad contra el presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, Ángel Sarmiento, por encabezar una presunta “campaña de terrorismo”, según lo expresado por el gobernador de esa entidad, Tarek El Aissami. Ese mismo día, el presidente de la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria), Eduardo Garmendia, fue citado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y al día siguiente sometido a un interrogatorio de 12 horas en el Helicoide, sede de esa instancia en la capital del país, para responder interrogantes sobre la situación económica de las empresas y del país, así como de la producción nacional.
Ambas situaciones se ubican dentro de una posible criminalización de las opiniones y un evidente incremento de la represión hacia las voces disidentes, según considera el doctor Jorge Rosell (*), al ser consultado sobre el tema.
-¿Existe marco jurídico para llevar adelante este tipo de casos?
-Posiblemente investigarán a Garmendia en relación al mismo delito por el cual fue enjuiciado el exgobernador del estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz: difusión de noticias falsas que causen pánico o zozobra, previsto en el artículo 296, literal A, del Código Orgánico Procesal Penal, no hay ninguna otra disposición que pueda ajustarse a la situación planteada. Por cierto, la letra A de dicho artículo obedece a un añadido reciente por parte de la sometida Asamblea Nacional, a fin de criminalizar la disidencia.
-La hipótesis contenida en el citado artículo 296-A no concuerda con los hechos. Las noticias dadas por Garmendia, sobre la existencia de una grave situación de salud originada por el dengue y el chikunguña, no son falsas, forman parte de una realidad reconocida por el mismo presidente Nicolás Maduro, al anunciar públicamente la instalación de un Estado Mayor para combatirlas, como se reseña en las páginas de EL IMPULSO del martes 23; incluso el Presidente agrega en sus declaraciones que ‘el mosquito ha desarrollado resistencia a los insecticidas, lo cual constituye un problema para su erradicación’. ¿Será enjuiciado Maduro por esa alarmante información que viniendo del Presidente de la República sí pudiera generar zozobra? Además de no ser falsa la información dada por Garmendia, tampoco puede generar zozobra, ya que lo dicho está en la boca de todos los venezolanos. El país está consciente de la grave situación de salud que vivimos.
-¿Algún representante de un gremio o sector del país ha sido sometido a situaciones similares a las que hoy viven Sarmiento y Garmendia?
-Que yo recuerde, en la época democrática, antes de este ‘arroz con mango’ institucional que es la ‘revolución’, no se presentaron situaciones similares. En todo caso si fue así, había respeto acerca de la función judicial. Podía haber influencias hacia jueces que se dejaban manipular, pero nunca públicamente, con el desparpajo que en esta época se utiliza el poder por parte del oficialismo. -Decir que no se consigue acetaminofén y que es una odisea lograr algunas pastillas de Atamel o Tachipirín, hoy puede ser objeto de un juicio penal. Pues bien, yo lo digo con la certeza de la cola de más de una hora que tuvo que hacer mi esposa el martes pasado, al conocer “el dato” de una farmacia que tenía Tachipirín. Esperaré la citación del Sebin.
Mutismo reforzado
A juicio del doctor Jorge Rosell, “el régimen se acerca de forma alarmante a las prácticas de las dictaduras tradicionales de mediados del siglo pasado en América Latina. El ahogo de las opiniones que contradicen al régimen llevan a la población a divulgar su descontento a través de manifestaciones públicas pues los canales regulares, garantes de los derechos ciudadanos en una verdadera democracia, están desvergonzadamente al servicio del ejecutivo. Esto ‘entrampa’ a la población en un mutismo forzado ante la evidencia de que el país se dirige hacia la debacle moral, institucional y económica”.
En este sentido, considera que “en un país donde no se respeta la independencia de los poderes del Estado, se criminaliza la disidencia, se utiliza la educación formal como vía para dogmatizar políticamente a niños y jóvenes, se asfixia a los medios de comunicación negándoles los insumos para circular, dentro de otras cosas, no impera la democracia y las libertades”.
El impacto de los casos de Sarmiento y Garmendia en los medios de comunicación, es reforzado por el profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Andrés Cañizález, quien señala que “el Gobierno no solo dirige sus acciones contra los medios, sino que ahora lo hace contra las fuentes, para atemorizar a los gremios profesionales y empresariales, con el fin de que esos sectores que manejan información y tienen puntos de vista importantes” se abstengan de ofrecer su versión sobre ciertos temas.
“Sin duda, es un cerco a la libertad de expresión que conduce a la lamentable autocensura de personalidades cuyas expresiones deberían ser reconocidas y tomadas en cuenta por el propio ejecutivo. Es otra faceta, cuya presión cae en los expertos que pueden aportar sus puntos de vista y es algo que no se había registrado, más allá de las demandas por difamación e injuria que se han podido registrar entre individuales”.
Persiste la injerencia del Estado en funciones judiciales
Lo más grave de los casos de Sarmiento y Garmendia, viene dado por la reiterada injerencia del poder Ejecutivo en las funciones judiciales. “Ya el presidente Maduro declaró que Garmendia ‘cometió delito…ahora actuarán la Fiscalía y los tribunales’. El mandatario se adelanta a cualquier investigación o decisión judicial, sus expresiones son tomadas como santa palabra y prácticamente condenan a Garmendia; un estilo muy parecido al ejercido por el difunto Presidente, cuando condenó a la jueza María de Lourdes Afiuni a la pena máxima, por lo que él consideraba la comisión de un delito, cuando lo que hizo la jueza fue cumplir con su deber.
“Por otra parte, es un abuso la retención de Garmendia, por más de 12 horas mientras declaraba, aunque haya sido tratado ‘cortésmente’, como él mismo declaró. No es ‘cortés’ que lo hayan privado de su libertad. Para colmo la investigación no la lleva la Policía Judicial sino la policía política, el tenebroso Sebin”.
Todo esto, apunta Rosell, refleja la actitud represiva hacia la disidencia por parte del Ejecutivo Nacional, en complicidad con el Ministerio Público y el Poder Judicial. “Es librar una ofensiva represiva con base en las ridículas ideas de la mente presidencial de la ‘guerra bacteriológica’, objeto de burlas en la prensa internacional.
(*) Juez de Carrera. Expresidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Ex presidente del Colegio de Abogados del estado Lara. Profesor de post grado de varias universidades nacionales y extranjeras.
