A pesar de no oponerse a la venta fiscalizada de la carne que poseían, que fue adquirida por los comerciantes a precios mucho mayores de los estipulados en las regulaciones, a las 18 carnicerías del Mercado Terepaima les fueron decomisadas sus mercancías de manera arbitraria y sin mediar palabra, en dos camiones de Pdval y con amedrentamiento de grupos colectivos que llegaron amenazando a los trabajadores de este mercado popular.
Así lo denunció la presidenta de la Asociación de Carnicerías y Frigoríficos del estado Lara, Marilyn Unda, quien relató que pasadas las 3 pm de este sábado fiscales del Sundee comenzaron a abrir uno por uno los depósitos y procedieron a llevarse toda la mercancía con la que contaban.
“Nos colocaron tres sanciones juntas: vendimos fiscalizados a precios por debajo del costo hasta las tres de la tarde, luego nos confiscaron toda la carne y además nos ponen una multa de 500UT, se ensañaron contra nosotros”.
Denunció que el Gobierno trate de tomar los mercados municipales para entregárselos a los consejos comunales y colectivos, sacando a quienes por años han trabajado en estos lugares.
“Las pérdidas en mi negocio superan los 600 mil bolívares, nos quitaron todo, prácticamente nos dejaron en quiebra”.
Uno de los adjudicatarios que prefirió mantenerse en anonimato, expresó que se llevaron de su negocio más mercancía de la estipulada de acuerdo a la presentación de las facturas.
“Fue un abuso de autoridad, nos intimidaron con guardias y soldados, nos mantuvimos tranquilos con la venta supervisada y de un momento a otro procedieron al decomiso de la mercancía”.
Alegó que comprar a precios superiores de los estipulados por el Gobierno, los regulados hace meses que no se ofrecen en el mercado por los distribuidores.
Desde la Asociación de Carniceros y Frigoríficos anunciaron que por esta semana no bajarán ni una sola res como medida de protesta, mientras conversan con los proveedores para resolver la venta con sobreprecio de las asaduras, quienes son vendidas hasta al triple del costo estipulado.
En proceso
La coordinadora de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos en el estado Lara, Sundee, Katty Yánez, explicó que la inspección al Terepaima es un proceso administrativo y puede considerarse un procedimiento penal mediante el cual la institución abre una investigación a estos negocios al no presentar los requisitos que formalmente deberían tener.
Indicó que entre los documentos más importantes se encuentran fundamentalmente las guías SADA que refiere a los permisos para la comercialización, movilización y venta de los alimentos, además de las facturas con su debido registro de información.
“La Ley de Costos y Precios Justos es clara ante el sobreprecio y los procedimientos que deben seguirse. Las medidas de sanción están en la Ley y les pedimos a estos comerciantes que sean comedidos al dar la información pues puede ser contraproducente para ellos en el procedimiento que se sigue”.
